Prohíben salir del país al exconsejero de Andalucía acusado de fraude

El exconsejero andaluz de Hacienda detenido por el supuesto fraude en los cursos de formación para parados pagados con fondos públicos quedó ayer en libertad sin fianza tras prestar declaración judicial. El juez de Cádiz que investiga el caso imputa a Ángel Ojeda los delitos de falsedad, fraude en subvenciones y apropiación indebida, y ha pedido la retirada de su pasaporte de forma preventiva para evitar que abandone el país.

Ojeda, detenido el pasado lunes junto a su hijo y otras siete personas en el marco de la 'operación Oscar' de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, compareció durante unas cuatro horas ante el titular del juzgado de instrucción número 2, que investiga el supuesto fraude en la concesión de ayudas públicas para cursos de formación. Junto a él declaró otro de los implicados, que también ha quedado en libertad con cargos y la obligación de comparecer ante la Justicia. El resto de detenidos quedó en libertad tras declarar ante la Policía Nacional y aún no han pasado a disposición judicial.

La investigación surgió a raíz de una denuncia particular después de que se destapara en Málaga un supuesto fraude entre una veintena de empresas adjudicatarias de subvenciones para cursos de formación, algunas creadas expresamente para «cazar» las ayudas mientras que otras no realizaban las actividades o incumplían compromisos de contratación de los alumnos, entre otras irregularidades.

Desde el primer momento el nombre de Ojeda, un peso pesado del PSOE en Jerez de la Frontera (Cádiz) y que estuvo al frente de las finanzas andaluzas entre 1987 y 1990, estuvo en el punto de mira al ser uno de los más beneficiados por la lluvia de millones que se concedían a la formación para parados y casi cualquier tipo de subvención pública, especialmente desde que en 2009 se cambió la normativa para la concesión de estas ayudas. De hecho, un informe de la UDEF destaca la asiduidad o reiteración de su entramado de empresas y asociaciones a la hora de recibir dichos fondos y el hecho de que una de las responsables de concederlos fuera un familiar suyo, ya alejado de la administración. Según las pesquisas policiales, las empresas de Ojeda llegaron a recibir 33 millones de euros, 14 de ellos procedentes de la Junta de Andalucía a través de la Dirección General de Formación Profesional para realizar cursos que la Policía no dudó en tachar de «ficción».

Investigado por Alaya

La situación del exconsejero se complica por cuanto también está siendo investigado desde hace casi un año por la Guardia Civil y la juez de instrucción 6 de Sevilla, dirigido por Mercedes Alaya, sobre la que recayeron otras pesquisas sobre los fondos de formación para desempleados. De hecho, fuentes judiciales señalan que la Fiscalía de Cádiz tiene intención de solicitar al juez que se inhiba del caso a favor de Alaya.

De hecho, la juez imputó hace escasas semanas a otro exconsejero andaluz, Antonio Fernández -ya encarcelado por el caso ERE- por las anomalías detectadas en los cursos de formación para extrabajadores de la multinacional gaditana Delphi, impartidos supuestamente por empresas vinculadas a Ojeda.

La investigación policial ya ha saltado al terreno político, y el portavoz parlamentario del PP-A Carlos Rojas reclamó ayer la convocatoria de un pleno extraordinario en el Parlamento regional para que el Ejecutivo andaluz explique «todo lo que sabe» de las «subvenciones millonarias otorgadas durante años al entramado empresarial» de Ojeda y si se le ha exonerado de su obligación de justificar las ayudas públicas antes de concurrir a nuevas convocatorias. «El Gobierno socialista de la Junta está de barro hasta arriba y arriba está la presidenta Susana Díaz», resaltó Rojas.

Por su parte, el Gobierno andaluz negó esta exoneración a través del portavoz del Ejecutivo, mientras que el consejero de Educación recordó que se están revisando «uno por uno» los 8.000 expedientes de ayuda a la formación dados en los últimos años con el objetivo de que se devuelva «hasta el último euro si se ha hecho un mal uso» de las ayudas. Esta revisión podría extenderse hasta 2015 ante el volumen de documentación almacenada.