Apenas el 10% de las empresas en riesgo de quiebra acuden al concurso

La que estaba llamada a ser tabla de salvación de las empresas parece haberse convertido en su condena casi segura... aunque tras una lenta agonía. Las empresas, que durante los primeros años de funcionamiento de la Ley Concursal sí vislumbraban que podía ser su flotador, huyen ahora de ella como escaldadas. Así, en lo que llevamos de año menos de un 10% de las compañías en serias dificultades financieras ha terminado por acogerse a esa vía.

Según los datos publicados ayer por el INE, el número de concursos de acreedores declarados de enero a junio se situó en 3.960 -la mayoría (85%), voluntarios-, un 29,5% menos que hace un año. Referidos al segundo trimestre, que mostró un descenso del 10,5% sobre el primero, en las empresas -que suponen nueve de cada 10 casos registrados- la caída alcanzó el 31,8%, mientras que en las familias bajó sólo un 9,7%;_eso sí, los 195 hogares que se presentaron en un juzgado de lo mercantil para tramitar su situación de quiebra técnica no tienen parangón con las 1.675 compañías que siguieron sus pasos.

El descenso viene siendo continuado desde finales de 2013, e incluso se mantuvo durante gran parte del año pasado. Tampoco ha cambiado mucho el reparto por sectores en los últimos meses:_una de cada cuatro empresas concursadas (25%) se dedicaba a la construcción, una quinta parte (20,1%) al comercio y el 15,1% a la industria y la energía. A su vez, casi un tercio (30,6%) tenían un tamaño realmente reducido:_ su negocio anual no superaba los 250.000 euros -si elevamos esa cifra hasta un millón abarcaría el 60% de los casos- y tenían carácter limitado. Ahora bien, si contamos sólo las pequeñas sociedades y microempresas, que representan el 70% del total, los procedimientos crecieron un 8%.

Lo más llamativo, empero, es que una cuarta parte de las compañías que se declararon en concurso (el 25,5%) tiene una antigüedad de, al menos, 20 años. Es decir, que hablamos de empresas ya consolidadas que, pese a resistir al desplome de la economía, han terminado por arrojar la toalla ahora que parece verse una recuperación incipiente. Por el contrario, apenas una de cada 10 (el 10,9%)_llevaban cuatro años o menos de funcionamiento, lo que implica que se crearon precisamente en plena crisis e incluso recesión.

Hablamos, no obstante, de las empresas que sí dan ese paso. Desde el Consejo General de Economistas alertan de que aquellas son sólo una parte, y no precisamente la mayor. Así, entre enero y junio un total de 36.223 compañías se vieron obligadas a derivar el pago de sus salarios al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) porque no podían asumirlo.

Se salvan muy pocas

Estaban en situación de insolvencia técnica, aunque apenas 3.600 de ellas lo declararon así ante un juzgado. Pero, ¿por qué este resquemor a entrar en la vía concursal?_Los datos parecen avalarlas: menos del 5% de las sociedades que se ven sometidas a este tipo de procedimientos termina salvándose del cierre.

Es más, según los economistas y abogados expertos en concursos, casi la mitad de ese porcentaje terminan siendo liquidadas en un plazo máximo de cinco años. Los motivos son varios, aunque bastan algunos apuntes. Según un estudio de la Fundación BBVA, una de cada cuatro empresas necesitaría todo el beneficio de 10 años para amortizar su deuda, casi el doble que la media europea (5,1 años);_a su vez, el 25% de las empresas más vulnerables debería destinar, al menos, el 60% de su margen de explotación a pagar intereses financieros de su pasivo aplazado por bancos y organismos públicos si no quieren que termine ejecutándose.

El propio INE abundaba ayer en esa idea con su estadística. Sólo 7 de los 1.870 deudores concursados en el segundo trimestre llevaba al juzgado una propuesta anticipada de plan de pagos a acreedores y viabilidad futura de la sociedad. El ministro de Economía, Luis de Guindos, admitió semanas atrás de forma implícita el fracaso de la Ley Concursal al afirmar que «hay que evitar que sea una trituradora de empresas».

En ello parece estar el Gobierno, aunque sus movimientos se antojan lentos y parciales. En lo que va de año, ha acometido hasta tres reformas distintas -aunque, a la postre, deberán resultar complementarias- que afectan a la refinanciación y reestructuración de deudas empresariales. La primera, ya en vigor, se hizo vía decreto para agilizar las quitas, a fin de promover que los bancos acepten descuentos con más rapidez.

La segunda, la futura Ley de Refinanciación -centrada en el preconcurso-, está en el Congreso. Y la tercera, pendiente de aprobar en el Consejo de Ministros, incluirá cambios en la Ley Concursal que afectarán al papel del juez -cuyas decisiones podrán ser vetadas por los acreedores- y los administradores -que tendrán menos salario y competencias-. Además, las empresas concursadas podrán combinar quitas y ventas.