Las eléctricas pujan en España por un megacontrato de luz de 1.000 millones

Quien marca las reglas de juego siempre tiene ventaja y de eso quiere aprovecharse el Gobierno para ahorrar costes al erario público. El objetivo lo fijó la vicepresidente Soraya Sáenz de Santamaría meses atrás, cuando anunció la centralización progresiva de todos los contratos de proveedores con la Administración central. La novedad es que también ha llegado al ámbito eléctrico y sobre la mesa se ha puesto un megacontrato.

Hablamos de un importe cercano a los 1.000 millones de euros por un período de cuatro años. Ese es el marco en el que está trabajando el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por indicación directa de Moncloa, que a su vez ha consultado con el Ministerio de Industria por los recovecos que pudiera tener la reciente reforma del sector eléctrico. Y es que, a diferencia de las condiciones fijadas para el común de los consumidores, la Administración busca un trato de favor.

Al menos, eso es lo que se desprende de las conversaciones previas que ya han mantenido representantes gubernamentales y de las eléctricas, según han confirmado fuentes del sector. La propuesta de licitación en que trabajan los técnicos del Ministerio incluye un importe fijo de adjudicación que, a su vez, no estaría ligado ni al nuevo Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) -que se rige por una fórmula algo compleja de discriminación horaria- ni tampoco a la evolución de su cotización en el mercado diario, todavía bajo cierta sombra de sospecha.

Desde el Ejecutivo tienen claro que si van a ofrecer un ingreso asegurado a las operadoras en un contexto de demanda aún estancada, también han de ser compensados de alguna forma. El consumo de luz apenas subió un 0,1% en julio pese a que, con la llegada del verano, se suele disparar el uso de aire acondicionado. De hecho, en lo que va de año se ha demandado ya un 1,3% menos que en un 2013 que ya fue malo para el sector en ese sentido.

La pretensión de Moncloa es tener mejores condiciones que los grandes clientes, es decir, que las principales empresas del país. Y, de nuevo, su argumento es el tamaño de un megacontrato que reduciría al mínimo los 350 acuerdos para suministro de electricidad hoy vigentes en la Administración central. Con ellos se da servicio a 17.100 puntos de conexión de luz, y eso sin contar a las propias empresas públicas.

Aunque todavía no se han elaborado las bases definitivas del concurso -el Ministerio quiere consensuar, en lo posible, la letra pequeña con las grandes eléctricas para asegurarse que todas acudirán a la puja final-, sí ha dejado claro que no habrá indexaciones. La idea es un precio fijo sólo sujeto a posibles variaciones significativas del consumo.

Claro que también las pequeñas eléctricas podrán presentarse a la licitación, aunque desde el ámbito de las renovables se echa en falta que el Gobierno no vaya a dar cierta prioridad al uso de fuentes de energía 'limpia'. Aluden para ello al cumplimiento del Horizonte 2020 de energías verdes fijado por la Comisión Europea, dicen que España aún suspende.

Lo que sí hará el Ejecutivo con seguridad es promover la subcontratación de pequeñas y medianas empresas del sector (Céntrica, Nexus, Factor Energía...) por parte de las grandes (Iberdrola, Gas Natural, Endesa...). El vehículo sería una cláusula especial que puntuaría a favor en un concurso que tendrá probablemente varios adjudicatarios, aunque muchos menos que ahora.

Otras centralizaciones

La idea de Hacienda es presentar la licitación antes de finales de año, y uno de sus referentes es el suministro eléctrico a toda la red ferroviaria que gestiona ADIF. Hasta hoy es el mayor contrato del sector en España y se adjudica anualmente. Para este año tiene un importe de 189 millones de euros y, junto a las principales operadoras, ha habido hueco para algunas más pequeñas.

Fruto de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), se decidió lanzar, al menos, una decena de megacontratos de servicios para el Estado. El de los carburantes, por ejemplo, se adjudicó a principios de año por 310 millones para el próximo trienio y un ahorro de otros seis. El de limpieza, que también irá de 2015 a 2017, supondrá 60 millones. El de servicios postales, con un coste de 450 millones para los dos próximos ejercicios, recortará otros 30 en la factura. El de la seguridad privada, de otros 24 meses, se irá a los 50 millones y el de compra de viajes a más de 6o millones. Y quedan aún las telecomunicaciones.