El juez da luz verde a los registros policiales de las propiedades y empresas de Ojeda Avilés

Mañana intensa en el juzgado nº 2 de Cádiz que por reparto ha asumido las diligencias de la 'operación Óscar', que investiga un supuesto fraude en cursos de formación. En el epicentro del caso, el exconsejero de la Junta, Ángel Ojeda Avilés, arrestado ayer en Sanlúcar, donde tiene fijada su segunda residencia. El titular del juzgado gaditano ha dado luz verde este mediodía a los registros solicitados por la UDEF, que busca documentación sobre las ayudas que habrían recibido las empresas del exaltocargo dentro del ámbito de la formación, más papeles que acrediten si se ejecutaron esas acciones formativas.

Mientras el juez acordaba esa medida, la Policía ha estado sometiendo a vigilancia varias sedes sociales y propiedades de Ojeda ante el temor de que pudiera producirse destrucción de pruebas antes de que los agentes accedieran a los inmuebles. Como viene informando desde esta mañana lavozdigital, el equipo enviado desde Madrid por la UDEF ejecutó el arresto a primera hora de la mañana de ayer de Ojeda ante el temor de que éste pudiera huir del país o destruyera pruebas alertado por las informaciones periodísticas que vienen denunciando hace semanas, meses, la fortuna que llegó a obtener a través de la formación profesional sufragada por la Junta.

Durante esa labor de vigilancia, varios agentes han requisado dos maletas que familiares de Ojeda estaban sacando de su casa de Sanlúcar, situada en la urbanización Espíritu Santo, en la zona de la Jara, desde donde se divisa la desembocadura del río Guadalquivir y el Parque Nacional de Doñana.También han revisado los bolsos que familiares, amigos y trabajadores de la casa han sacado de la vivienda.

La UDEF no sólo va a realizar registros en la provincia gaditana sino también en Sevilla, donde tiene su sede varias de las sociedades y fundaciones ahora bajo sospecha.

El exconsejero pasará finalmente adisposición judicial mañana por la mañanajunto a otros detenidos. Cinco de los nueve detenidos han quedado en libertad tras prestar declaración ante la Policía Nacional, y comparecerán ante el juez cuando sean citados. Ojeda permanecerá por segunda noche en los calabozos de comisaría.

Alaya asumirá el caso

Por otro lado, la jueza sevillana Mercedes Alaya, a quien ha correspondido uno de los sumarios por irregularidades en los fondos de formación andaluces, asumirá previsiblemente la causa iniciada dentro de la 'operación Óscar' contra el exconsejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda, detenido ayer.

Fuentes del caso han informado a Efe de que la operación llevada a cabo ayer por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía se ha solapado con la investigación sobre los mismos hechos que lleva a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por orden de la juez Alaya. De hecho, en su auto del pasado 16 de julio, cuando Alaya citó a declarar como imputado al exconsejero de Empleo Antonio Fernández por las ayudas a la multinacional Delphi, asentada en Cádiz, la juez dedicaba un apartado a las presuntas irregularidades en las ayudas a seis empresas vinculadas a Ojeda.

Se trataba de las sociedades Prevención de Riesgos, Seguridad y Calidad (Prescal), la Asociación de Empresas Aeronáuticas (AEA), la Asociación de Apoyo a la Integración (Humanitas), la Asociación para la Sociedad de la Información (Innova), la Asociación para la Calidad Europea (Inteca) y la Asociación de Apoyo al Medio Ambiente (Natura).

Alaya afirmaba en su auto que todas estas empresas subcontrataron las actividades formativas, proceso que no estaba autorizado, y además con otras compañías «que compartían la misma dirección».

Esta información también ha sido confirmada a lavozdigital por fuentes directas de las diligencias que se llevan a cabo en Cádiz. Así, se espera que tanto el juez nº 2 de Cádiz como la fiscalía, apoyen la inhibición en el juzgado de instrucción nº 6 sevillano.

La juez Alaya, que también investiga el caso de los ERE financiados con fondos públicos andaluces, dictó en dicho auto la primera imputación en su nuevo sumario 966/14, que investiga los fondos de formación y de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE).

El auto de Alaya citaba un informe de Inspección General de Trabajo y Seguridad Social, según el cual las ayudas se concedieron «con ausencia de procedimiento, sin convocatoria ni bases reguladoras» y en contra de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones y el Real Decreto de 2007 sobre ofertas públicas formativas.

Además, se concedieron becas «por encima de lo legalmente permitido» para complementar las prestaciones por desempleo de los 1.500 trabajadores de Delphi y se concedieron subvenciones a empresas para acciones formativas en alternancia con el empleo «para que los extrabajadores pudieran volver a tener acceso a la prestación por desempleo, sabiendo que la relación laboral sería inexistente». Dicho informe también citaba posibles simulaciones de contratos y cursos de formación inexistentes. Todo ello, según la Inspección de Trabajo, causó «un grave perjuicio» y menoscabo de fondos a la Seguridad Social y a los propios presupuestos de la Junta de Andalucía.