El exconsejero Ángel Ojeda Avilés pasa a disposición judicial

La Policía Nacional ha arrestado a una persona más en el seno de la 'operación Óscar' con lo que ya se elevan a nueve los detenidos por un supuesto fraude en cursos de formación. De los detenidos, cinco pasarán a disposición judicial, entre ellos el exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía Ángel Ojeda Avilés, que fue apresado ayer en la localidad gaditana de Sanlúcar.

Fuentes de la investigación han precisado que de los nueve detenidos, cuatro han sido puestos en libertad con cargos, entre ellos Marcos Ojeda, hijo de Ángel Ojeda, mientras que a los otros cinco se les está tomando declaración policial. Entre esos cinco que irán al juzgado se encuentra el exconsejero Ángel Ojeda. Las fuentes han precisado que esta operación está siendo instruida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz y han indicado que dicha investigación sigue abierta y no se ha cerrado.

A las siete de la mañana se ponía en marcha en Cádiz, un operativo policial liderado por la brigada policial especializada en delincuencia económica y fiscal (UDEF) que lleva meses investigando el entramado empresarial del exconsejero de Hacienda, Ángel Ojeda Avilés. El objetivo de esta primera fase de la denominada 'operación Óscar' era el arresto del otrora alto cargo de la Administración andaluza por un presunto delito de fraude de subvenciones. El que fuera miembro del equipo del expresidente de la Junta Rodríguez de la Borbolla fue arrestado por la mañana en Sanlúcar, donde tiene fijada la segunda residencia. Además de él, su hijo Marcos Ojeda fue detenido en Madrid. A ese listado inicial se suman otras seis personas más cuyas identidades no han trascendido por ahora. Ojeda Avilés junto al resto de arrestados en Cádiz fueron trasladados a la Comisaría provincial de Cádiz, donde permanecía al cierre de esta edición.

Fuentes policiales confirmaron a este medio que la operación está en pleno desarrollo y que se esperan más arrestos. La Policía también ha solicitado autorización judicial para que se efectúen registros domiciliarios no sólo en Cádiz sino también en otras provincias andaluzas, como Sevilla, donde están la sede de varias de las asociaciones y empresas del exconsejero. Al frente del operativo, un equipo de la UDEF venido desde Madrid y que está siendo auxiliado por funcionarios policiales de la Comisaría provincial gaditana.

Los indicios recabados por los investigadores se recogen en un atestado de decenas de folios que obra en poder del juzgado nº 2 de Cádiz. El magistrado, Miguel Ángel López Marchena, ha asumido por reparto unas diligencias que nacen a iniciativa de la propia Policía Nacional, que entregó en julio el informe donde se concluye de forma indiciaria que el exconsejero pudo haber creado ex profeso un entramado empresarial con el único fin de pescar subvenciones relacionadas con la formación aunque no cumpliera los requisitos de acceso a las ayudas o éstas llegaran a empresas cuajadas presuntamente de irregularidades. Para ello se habría valido de su influencia como antiguo jefe de la cartera de Hacienda en la Junta y sus buenas relaciones con la Administración andaluza.

LA VOZ tuvo acceso hace unas semanas a parte de ese material elaborado por los investigadores y ha venido publicando algunos de los datos más relevantes que manejan como los 48,2 millones de euros concedidos por la Junta a las empresas de Ojeda Avilés entre 2008/2012 para realizar cursos de formación; si bien no es la única vía para obtener financiación pública que ha explotado presuntamente con éxito el exconsejero. Sus empresas también accedieron a ayudas para ejecutar acciones de investigación e innovación, que en esencia consisten en subvencionar la realización de informes y estudios para mejorar la formación profesional ocupacional; o para abordar «el lucrativo negocio de la prevención de riesgos laborales» (como indica la UDEF en otro informe anterior), que tan de moda estuvo durante unos años.

El pasado mes de julio, la Policía presentaba el atestado en los juzgados de Cádiz y según indicaron las mismas fuentes consultadas, ayer se inició la detención de los principales implicados, entre ellos el exconsejero, ante el temor de que Ojeda Avilés huyera del país o destruyera pruebas alertado por las informaciones periodísticas que vienen denunciando hace semanas, meses, la fortuna que llegó a obtener a través de la formación profesional sufragada por la Junta.

El destino y uso de esos fondos públicos están siendo objeto de varias investigaciones judiciales en Andalucía que se están desarrollando en paralelo y que están causando cierta confusión a la hora de identificar qué actuaciones policiales y judiciales forman parte de unas diligencias y cuáles de otras. Aunque en un inicio se ha vinculado la detención de Ojeda Avilés con el 'caso Edu', judicialmente está dentro de un procedimiento que ya se instruye en un juzgado distinto al que lleva la pieza gaditana de la operación que se inició hace unos meses en Málaga, en colaboración con la Seguridad Social. En ese asunto, la Policía recibió de la Administración una denuncia sobre un grupo de empresas que habían obtenido ayudas para realizar cursos de formación con la obligación posterior de contratar a un mínimo de alumnos; pero las pesquisas han determinado que, o bien no se hicieron las acciones formativas, o no se cumplió con el requisito de la contratación.

Al comprobar que esa práctica estaba generalizada en toda Andalucía, la Policía envió un oficio a todas las delegaciones andaluzas de la Seguridad Social para que indagaran en las empresas de su territorio que también habían tenido acceso a esas subvenciones sostenidas por la conocida partida 32 D de los presupuestos andaluces. En Cádiz, se han detectado varios casos que habrían desviado fondos públicos igualmente y esa parte gaditana de la 'operación Edu' la instruye el juzgado nº 3 de la capital.

Casos con el mismo origen

Aunque las operaciones 'Óscar' y 'Edu' se tramitan desde juzgados distintos, tienen la misma raíz como quedó de manifiesto en el informe que envió la UDEF a la Fiscalía Anticorrupción de Málaga en diciembre pasado y del que se han hecho eco muchos medios. En ese documento, la Policía le traslada al Ministerio Público los primeros resultados tras haber iniciado en mayo la investigación sobre las empresas que podrían haber defraudado dinero público. En el repaso de las resoluciones dictadas por la Administración regional, los investigadores se encontraron con numerosas sociedades que tenían detrás al mismo hombre: el exconsejero de Hacienda. Los agentes no esconden en su informe la sorpresa que les produjo que en una de esas resoluciones, las empresas de este antiguo responsable de la Junta fueran beneficiadas con más de 14 millones de euros. Pero ése fue el principio, la primera cifra que un informe posterior, ya centrado en la figura del entramado del exconsejero, revisó y elevó a cerca de 50 millones de euros. Nació entonces la 'operación Óscar'.