Detienen a un exconsejero andaluz por el fraude de los fondos de formación

El último golpe contra la corrupción y el fraude con fondos públicos dio de nuevo de lleno a la Junta de Andalucía, tras conocerse que el exconsejero de Hacienda entre 1987 y 1990 Ángel Ojeda era detenido junto a su hijo y otras seis personas en Cádiz por su relación con un entramado de empresas y asociaciones de formación para desempleados perceptoras de jugosas subvenciones públicas que la policía sospecha fueron desviadas en beneficio propio.

La detención de Ojeda, realizada en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) cuando se encontraba de vacaciones, es una variante del conocido como 'caso Edu', la investigación policial destapada el pasado abril a partir de una denuncia de la Policía de la Seguridad Social reveló que las 20 adjudicatarias de 1,7 millones de euros en ayudas para cursos de formación entre 2009 y 2010 cobraron hasta el 75% de los fondos públicos y desaparecieron sin justificar la actividad, requisito necesario para recibir el porcentaje restante.

Asimismo, se comprobó que muchas de las empresas no realizaron los cursos o incumplieron los compromisos de contratación del 60% de los alumnos que fija el reglamento regional de subvenciones públicas. Un informe policial posterior, demoledor, constató que muchas de las empresas se crearon expresamente para recibir los fondos, extinguiendo su actividad una vez obtenido el dinero, o bien falsearon datos de los alumnos para justificar los cursos. El PP-A, haciéndose eco del informe, denunció que la concesión de estas ayudas se acabó convirtiendo en un modo de obtener votos. Según un informe de la Fiscalía, estos hechos serían constitutivos de supuestos delitos de fraude en las subvenciones, estafa, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias, y se habrían repetido en otros lugares, de ahí que pidiera la apertura de diligencias en juzgados de todas las provincias andaluzas.

Tras la toma de declaración a centenares de personas, hace un mes se produjeron los primeros trece arrestos en Málaga y Granada de empresarios vinculados a la trama.

En el punto de mira

En el caso de Cádiz, la denuncia por el supuesto fraude surgió de la denuncia de un particular, y aunque la detención de Ojeda se ha producido ahora, su nombre estuvo en el punto de mira desde el primer momento ante los indicios, según las pesquisas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), de haber desviado en beneficio propio decenas de millones de euros en subvenciones para cursos de formación a desempleados.

Las pesquisas policiales hacen hincapié en que el exconsejero andaluz de Hacienda configuró tras su salida de la Junta un entramado de empresas y asociaciones para percibir todo tipo de subvenciones, que destacaba además por la asiduidad o reiteración a la hora de recibir dichos fondos y el hecho de que una de las responsables de concederlos fuera un familiar suyo, ya fuera de la administración, según el informe policial adelantado entonces por La Voz de Cádiz. Estas sociedades, creadas en su mayoría a partir de 2009 -fecha en la se implantó en la administración autonómica un nuevo reglamento para la concesión de estas ayudas- llegaron a recibir más de 14 millones de euros procedentes de la Junta de Andalucía a través de la Dirección General de Formación Profesional para realizar cursos que la Policía no dudó en tachar de «ficción».

No obstante, la cifra podría multiplicarse, dado que solo en el año 2010 otras de sus empresas recibieron una veintena de millones para formar a exempleados de la multinacional Delphi. Precisamente el nombre de esta empresa saltó a la luz hace unas semanas cuando la juez del 'caso ERE' volvió a imputar al exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández por prevaricación y malversación de caudales públicos por las irregularidades en la concesión de 70 millones de euros en ayudas para el plan de formación de los extrabajadores de la empresa Delphi.