El hotel de los líos judiciales

El hotel de El Algarrobico se ha convertido en una mole indestructible enquistada en una maraña judicial que acumula 22 resoluciones, que declaran por una parte que la licencia de obra es legal y por otra que se encuentra en terrenos protegidos y que invade la servidumbre pública.

De las 22 resoluciones, veinte son contrarias al hotel, entre ellas tres del Supremo y cuatro de la Audiencia Nacional, y solo dos, concretamente de la Sala Tercera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía están a favor de esta construcción situada frente a una playa de Carboneras (Almería), en pleno parque natural del cabo Gata-Níjar.

La citada sala dictaminó el pasado miércoles que la licencia de obras es legal, y hace unos meses sentenció que los terrenos donde se asienta el hotel son urbanizables; pero esta última no es firme porque ya está recurrida ante el Supremo.

Además existe otra sentencia anterior del mismo tribunal pero de distinta sala declarando todo lo contrario, es decir que no es suelo urbanizable.

Así lo han confirmado a Efe, Greenpeace y Ecologistas en Acción, organizaciones ambas que se han personado en las causas, y que hoy piden a la Junta de Andalucía que como actual propietaria de los terrenos derribe esta edificación, de 21 plantas y 411 habitaciones.

Pero para complicar más las cosas y según María José Caballero, directora de campaña de Greenpeace, la sentencia que dice que la Junta es propietaria de los terrenos, ha sido recurrida por Azata, la constructora del hotel.

En su día y cuando la socialista Cristina Narbona era ministra de Medio Ambiente, Azata pidió unos 200 millones de indemnización para renunciar al emprendimiento, pero no se logró un acuerdo.

Si se tira del hilo de la madeja, 2003 es el año en que se inició el proceso legal contra el complejo hotelero, fecha en la que se autorizó la licencia municipal para su construcción.

El permiso de obras se fundamentó en un plan parcial de urbanización del sector, que debió ser revisado para adaptarse a la Ley de Costas aprobada en julio del mismo año.

Pero según la nueva secretaria socialista de Cambio Climático y Sostenibildad, Pilar Lucio, cuando se concedió la licencia, el Ministerio de Medio Ambiente, cuyo titular era Jaume Matas, «debió haber intervenido» en la tramitación de la licencia y detenido el procedimiento amparándose en la legislación de costas.

El problema que surge ahora con la última sentencia de la sala tercera, es que solo puede ser recurrida por las administraciones públicas. La Junta de Andalucía ya ha anunciado que presentará un recurso de casación al Tribunal Supremo para «cerrar de una vez por todas este disparate urbanístico y ambiental», según informó el portavoz, Miguel Ángel Vázquez.

Durante todo este proceso, el alcalde de Carboneras era el socialista Cristóbal Fernández, quien fue condenado por un delito electoral e indultado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El ahora alcalde de Carbonera, el independiente Salvador Hernández, ha dicho que luchará para que el hotel pueda terminarse y abrirse. La presidenta andaluza se muestra inflexible y advierte de lo contrario, de que peleará para demoler el hotel que, en su opinión, «nunca debió construirse». Para compensar a la zona, Díaz ha anunciado una inversión de 200 millones de euros de Endesa en el municipio.

En esta historia interminable todavía quedan causas abiertas porque los recursos son numerosos. Sin ir más lejos, la citada sala todavía tiene que pronunciarse sobre varias demandas, que los ecologistas temen que serán favorables al hotel, pero que se podrán recurrir ante el Supremo. Así las cosas la solución «se puede eternizar», admiten las ONG consultadas por Efeverde.