La Guardia Civil detiene a un yihadista en Melilla. :: F. G. GUERRERO / EFE
ESPAÑA

Una unidad especial investigará los lazos entre el yihadismo y el narcotráfico

Interior dice haber detectado una cooperación habitual entre estos dos ámbitos criminales y busca una gestión más eficiente

MADRID. Actualizado: Guardar
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Interior creará una nueva unidad especial para combatir los vínculos entre el yihadismo internacional y el crimen organizado, según anunció el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. El número dos del Ministerio que dirige Jorge Fernández Díaz reveló ayer que los servicios de inteligencia han detectado una relación cada vez más frecuente entre ambos fenómenos delictivos. Se trata, explicó, de «una relación es estrictamente financiera» pero que obliga a «crear un organismo que unifique los esfuerzos de las unidades policiales que antes luchaban contra estos grupos por separado».

El secretario de Estado confía en que esta medida se traduzca una persecución más eficiente ante esta nueva alianza delictiva. En este sentido, apuntó que la unificación de esfuerzos es una tendencia que se da también en otros países de la Unión Europea y que «de ninguna manera se debe interpretar como un recorte de los recursos destinados a la lucha contra el crimen».

El anuncio hecho por Martínez se produjo durante la presentación de los balances de la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas de 2013. Según los datos ofrecidos, el pasado año 17.358 personas fueron investigadas y 6.292 detenidas por los delitos de pertenencia a organización criminal o tráfico de drogas.

El número de organizaciones criminales que operan en España se ha incrementado un 3% respecto al año anterior. Se han identificado 497, más de una al día, de las que la policía desarticulado 260. Otras 237 siguen en activo pese a que se han efectuado actuaciones policiales contra ella.

Interior mantiene especial preocupación por las organizaciones criminales llamadas «de alta intensidad». Se incluye en este grupo a las que operan a escala internacional, cuentan con un gran poderío económico y tienen capacidad para infiltrarse en las instituciones públicas y en grandes empresas privadas. En 2013 se identificaron 29 organizaciones de este tipo, de las cuales 10 fueron desarticuladas por las fuerzas de seguridad.

El tráfico de drogas es la principal actividad que desarrollan las organizaciones criminales organizadas en España, principalmente de cocaína y hachís. Otros de sus campos de actuación son robos con fuerza, violencia o intimidación; trata de seres humanos con fines de explotación sexual; estafas, blanqueo de capitales, la inmigración irregular y el fraude, en este orden.

Interior destacó un aumento del 33% de las personas detenidas por la trata de seres humanos, que en total suman 753. Además se identificó 1.180 víctimas de varias nacionalidades, entre ellas rumana, china y nigeriana, mayormente.

Madrid, Barcelona, Alicante, Málaga, Valencia, Murcia, Cádiz y Sevilla son las ciudades que muestran los índices más altos de organizaciones criminales asentadas en ellas. Martínez lo achacó a que son grandes ciudades y lugares de interés turístico, por lo que su volumen de negocio crece considerablemente. «Muchas de estas organizaciones operan en varias provincias», apostilló.

Por último, el secretario de Estado recalcó la importancia de la colaboración internacional en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Martínez destacó que «sin la ayuda internacional sería imposible actuar contra estas bandas ya que la internacionalización favorece su desarrollo».

Justicia universal

Durante su comparecencia, Martínez se mostró de acuerdo con la reciente resolución del Tribunal Supremo que avala las competencias de España para combatir el tráfico de drogas en aguas internacionales. Antes de que se pronunciara el Alto Tribunal, decenas de narcos extranjeros fueron puestos en libertad por la Audiencia Nacional en virtud de una interpretación de la reforma de la ley de Justicia Universal al enteder que no tenía jurisdicción para apresarlos. El secretario de Estado, no obstante, restó cualquier responsabilidad de lo sucedido al Gobierno. «Ya existían numerosos convenios internacionales que permitían actuar a España en este sentido, pero el cambio de legislación produjo una confusión judicial que afortunadamente ya ha sido aclarada. Espero que la sentencia del Supremo sirva de precedente y que todo siga como hasta ahora», dijo.