La Junta regula las consultas populares sobre asuntos autonómicos y locales

El Consejo de Gobierno vio ayer el anteproyecto de la ley de Participación Ciudadana de Andalucía, que contiene como principal elemento la regulación por primera vez de las consultas populares o participativas que podrá autorizar la Junta de Andalucía. Tanto el Gobierno de la Junta, los ayuntamientos y los propios ciudadanos podrán impulsar consultas participativas, siempre sobre asuntos de competencias autonómica y locales y nunca contraviniendo lo que marca la Constitución española, explicó el vicepresidente de la Junta y consejero de Política Institucional y Administración Local, Diego Valderas.

Estas consultas se realizarán con padrones municipales, podrán participar mayores de 16 años (se amplía dos años a lo establecido para votaciones electorales) e inmigrantes empadronados en Andalucía. El resultado no será vinculante para los gobiernos, pero estos tendrán que explicar a los ciudadanos en un plazo de treinta días por qué no se atiende la votación.

El autorizado para convocar las consultas autonómicas es el presidente o presidenta de la Junta, mientras que los alcaldes y presidentes de diputaciones tienen potestad para hacerlo en sus respectivos ámbitos. La iniciativa de carácter autonómico por parte de los ciudadanos deberá contar con un mínimo de 40.000 firmas. En el caso de las locales varía según la población y va desde el 10% de la de menos de 5.000 habitantes a 6.150 más del 3% de los que excedan de cien mil.

Referéndum

La Junta de Andalucía ya reguló en 2001 el procedimiento para las consultas populares sobre asuntos municipales, también recogida en las leyes de régimen local desde 1985. Pero estas tienen carácter de referéndum y deben ser autorizadas por el Consejo de Ministros.

Las consultas que la Junta pretende aprobar ahora no requerirán de la autorización del Gobierno central porque no se trata de un referéndum, del mismo modo que la que ahora se debate en el Parlamento catalán. Valderas quitó importancia al hecho de que el Gobierno andaluz haya dado a conocer su norma un día antes de la reunión entre Mariano Rajoy y Artur Mas, quien pretende celebrar un referéndum disfrazado de consulta popular sobre la independencia catalana sin autorización del Consejo de Ministros.

Más allá de la catalana

El consejero andaluz señaló que la norma andaluza va más allá de la catalana porque abre la participación ciudadana a muchos aspectos del gobierno de las administraciones, entre ellos la elaboración de leyes, especialmente la de los presupuestos autonómicos, locales y de las diputaciones provinciales. Los ciudadanos podrán marcar prioridades en determinadas partidas de gasto de las cuentas públicas.

Valderas reconoció que la norma no podrá obligar a los ayuntamientos a que hagan partícipes a los ciudadanos en la confección de sus presupuestos, aunque sí a adaptar la norma para que esta posibilidad exista, para lo que tendrán seis meses una vez publicada en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA). El consejero señaló enero de 2015 como una fecha posible, es decir, que será difícil que llegue a aplicarse en esta legislatura incluso si las elecciones se celebran en su tiempo, en marzo de 2016. «Hoy es uno de esos días en los que uno siente con mayor fuerza que merece la pena formar parte del Gobierno andaluz, que trata de ser útil a la ciudadanía y ser muy útil a la democracia», se sinceró Diego Valderas.

Esta norma es una de las que Izquierda Unida impuso en el pacto del gobierno con los socialistas. El coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, se congratuló ayer de este primer paso para su aprobación definitiva. Valderas contó que para su elaboración se ha pulsado la opinión de cerca de seis mil personas, a través sobre todo de colectivos y asociaciones.