El Rey prohíbe a su familia los negocios privados

El día en el que fue proclamado ante las Cortes, Felipe VI prometió velar por la dignidad de la Corona, preservar su prestigio y observar una conducta «íntegra, honesta y transparente». Un mes y nueve días después, la Casa Real dio a conocer ayer sus primeras decisiones y todas se encaminan en la misma dirección. A partir de ahora, los miembros de la Familia Real estarán obligados a dedicarse en exclusiva a su actividad institucional, nada de vida profesional al margen. Cuando acabe el año se habrá creado un reglamento en el que se establezca qué tipo de regalos cabe aceptar. Y las cuentas de la institución serán sometidas a una auditoría externa de la Intervención General del Estado que, además, se hará pública.

Felipe VI tiene claro que la pervivencia de la Monarquía le obliga a recuperar una legitimidad seriamente dañada por las sospechas de corrupción que le han salpicado con especial fuerza en los últimos años, a raíz del estallido del 'caso Nóos', por el que permanecen imputados su hermana Cristina y su cuñado Iñaki Urdangarin, pero también por décadas de opacidad. Porque la virulencia de la crisis y la consolidación de la democracia han cambiado la forma en la que la sociedad española mira a sus instituciones y acepta sus deslices.

En principio, la medida más llamativa, la prohibición de desarrollar actividades privadas, es en estos momentos más cosmética que eficaz. Desde que comenzó su reinado, la Familia Real se reduce al Rey y la Reina, a la Princesa de Asturias, Leonor; a la infanta Sofía, así como a don Juan Carlos y doña Sofía. Ninguno de ellos va a desarrollar actividad profesional al margen como sí hicieron doña Elena y doña Cristina, que desarrollaron sus propias carreras, en su día, como un símbolo de modernidad e independencia económica. Pero es un modo de lanzar el mensaje de que no habrá negocios privados. Al menos de momento, porque aquí no hay ley alguna, sólo una directriz personal del Monarca.

El jefe del Estado no ha dado, sin embargo, otro paso más contundente y reclamado desde distintas fuerzas políticas. No hará público el patrimonio ni la declaración de bienes de los miembros de la Familia Real. Es un asunto que se prestó a la controversia cuando saltó a la luz la herencia de dos millones de euros que recibió don Juan Carlos de su padre, el Conde de Barcelona, y que durante años estuvieron depositados en dos bancos de Suiza. La Zarzuela sostuvo que ese dinero se empleó en pagar deudas de los padres del entonces Rey, que las cuentas quedaron a cero en 1995 y que desde entonces no hay dinero en el extranjero. Pero no pudo aclarar, sin embargo, si se pagaron impuestos a Hacienda por el legado recibido.

La fortuna de don Juan Carlos y sus vínculos con las monarquías del Golfo son objeto permanente de cuestionamiento por parte de las fuerzas parlamentarias de la izquierda, como quedó patente durante el debate de la ley de abdicación en la Cámara baja.

Remuneraciones

Con sus primeros pasos, don Felipe parece, no obstante, dispuesto a hacer más transparente y más acorde a los nuevos tiempos el funcionamiento de la Casa del Rey. Quiere que el personal de su Casa esté sujeto a un Código de Buen Gobierno. Y antes de que acabe 2014, quiere que se firme un convenio de colaboración con la Abogacía General del Estado para que ésta ejerza de asesor jurídico permanente (con anterioridad se recurría con frecuencia a servicios privados), y otro convenio con la secretaría de Estado de Comercio, para que queden bien regulados los intereses económicos de los viajes reales de representación al extranjero.

Estas cosas, aún tienen que desarrollarse. De momento, don Felipe ni siquiera se ha cambiado el sueldo. Este año cobrará su remuneración como Príncipe de Asturias 146.375,50 euros brutos al año y don Juan Carlos el que se fijó en el presupuesto de 2014 para el Jefe del Estado, 292.752 euros. Según explican en la Zarzuela, será en las cuentas del año próximo, que se aprueban en invierno, cuando queden establecidos los nuevos salarios.