Una falta de control alarmante

Resulta inevitable que una persona pueda meter la mano en la caja de todos. Los andaluces renuevan un ejemplo casi cada día pero nunca es una opción caer en la resignación, en la costumbre. Por más que los comportamientos irregulares sean imposibles de erradicar en su totalidad, las administraciones públicas están en la obligación de poner sistemas de control para detectar y castigar estas prácticas. Precisamente, esa es la mayor enseñanza del llamado 'caso Edu', en el que según la Policía se han desviado cientos de millones de euros destinados a la formación de parados. Habrían ido a parar a los bolsillos de algunos y, lo peor, sin ser aplicados a poner remedio al drama social del desempleo. Pero las responsabilidades de los que desviaron esos fondos, si existieron, las tendrán que definir los tribunales. Los ciudadanos tenemos derecho, mientras, a preguntarnos cómo es posible que una sola persona perciba casi 20 millones de euros en apenas unos meses para dar unos cursos que, al parecer, ni se dieron. Cómo es posible que nadie detecte que un exconsejero, presuntamente, fue capaz de impulsar una normativa a su medida para recibir una decena de subvenciones en un sólo año. Cómo es posible que circulen cientos de millones para cursos que luego resultaron falsos, impartidos por empresas que ni personal tenían. Si es repugnante el posible corrupto, resulta alarmante que todos los sistemas de vigilancia del dinero de todos sean burlados con tanta facilidad. Esa negligencia es otra forma de faltarle al respeto a los ciudadanos y su dinero.