El cuento de nunca acabar

Desde que la Ley de Acompañamiento de la de Presupuestos Generales del Estado de 1993 promoviese la gestión de la cobertura de las contingencias comunes por incapacidad temporal por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades de la Seguridad Social, todo ha sido un fiasco al respecto. El motivo de la atribución de la competencia a las mutuas, había sido fundamentado en un informe sobre la corrupción en España, donde aparecía como auténtica preocupación, el desorbitado gasto en la prestación económica por incapacidad temporal, que por aquel entonces desbordaba todas las previsiones basadas en la racionalidad. No sólo era un fraude para con la Seguridad Social, sino que perjudicaba de manera directa a las empresas, alejándola de parámetros de productividad deseables.

La previsión contenida en la Ley de 1993, quedó plasmada al año siguiente en una profunda reforma de la Ley General de la Seguridad Social, por la Ley 42/1994. Desde entonces se otorgaba la competencia a las mutuas para la gestión económica de la prestación de incapacidad temporal. En lo concerniente a las competencias de naturaleza instrumental de carácter administrativo, o sea las referentes a las altas y bajas de los trabajadores incurso en un procedimiento de esa naturaleza, se concedían a las mutuas pero con una salvedad, que el otorgamiento efectivo se llevaría a cabo cuando una norma reglamentaria así lo dispusiera. Es decir, el legislador había dispuesto la competencia, porque entendía la necesidad de que las mutuas contasen con ella para racionalizar y hacer eficiente su gestión, pero sería el gobierno el encargado de hacerla efectiva.

Desde entonces ningún gobierno ha tenido el arrojo que la ciudadanía exige para afrontar de manera definitiva el problema y desarrollar reglamentariamente la cuestión, facilitando a las mutuas dichas competencias. Ahora se ha aprobado el Proyecto de Ley de Reforma de las Mutuas. Desde el inicio de la legislatura el Gobierno se dispuso hacer una reforma en profundidad en la gestión de las altas y bajas cuando el trabajador se encuentra en situación de incapacidad temporal por contingencias comunes, ya que las que son de naturaleza profesional siempre las han detentado dichas instituciones. Pero al gobierno se le ha encogido el estomago y ha hecho caso omiso a sus principios y directrices marcadas en la lucha contra el fraude y ha vuelto a descafeinar una reforma sumamente importante para atajar demasiadas situaciones fraudulentas y hacer competitivas las empresas, para que puedan competir en igualdad de condiciones con las de otros países. Dos consideraciones al respecto: miedo a los sindicatos y miedo a las organizaciones sanitarias de naturaleza pública. Quizás se tenga muy reciente el pulso habido en Madrid y lo acontecido allí.

Es preciso asumir las teorías utilitaristas de Jeremy Bentham consistente en la maximización por el Estado del bien de la mayoría. Solo de esa forma el cuento iniciado en 1993 tendría un final feliz. Pero no, lo que se avecina terminado el trámite parlamentario es el cuento de nunca acabar.