Cumbre centroamericana en la Casa Blanca para frenar la inmigración infantil

Cuando un presidente de EE UU invita a un presidente centroamericano a la Casa Blanca, todos se cuadran. Juan Orlando Hernández, de Honduras; Otto Pérez Molina, de Guatemala, y Salvador Sánchez, de El Salvador, acudieron obedientes a la minicumbre organizada ayer por Barack Obama para diseñar una estrategia conjunta con la que frenar la llegada masiva de menores que huyen de la violencia de bandas. Pero sus intenciones no eran simplemente escuchar el sermón de su anfitrión, que les presionó para detener el éxodo, sino convencerle de que EE UU es parte del problema y una pieza indispensable para su solución.

«Sólo en Guatemala, entre 2003 y 2013 hemos incautado 50.000 armas, ¡50.000 armas!, que en su mayor parte venían de EE UU», explicó Pérez Molina la víspera a la selecta audiencia que acudió a escucharle al Centro para Estudios Estratégicos Internacionales de Washington D.C. No es la única queja que tenía. Todo el mundo sabe que la pobreza es el caldo de cultivo, pero «Estados Unidos era el principal inversor en Guatemala y ahora ha caído al séptimo», observó. «Necesitamos esas inversiones. Necesitamos la oportunidad para crear empleo y eso prevendrá que EE UU tenga que invertir en patrullas fronterizas y en tecnología para proteger la frontera. Seguro que si la décima parte de esos siete mil millones viniera a nuestro país en forma de inversiones, EE UU no necesitaría invertir en su frontera».

Su colega hondureño no podía estar más de acuerdo en culpar al vecino del norte de sus miserias, empezando por el consumo de drogas. Según Hernández, los operativos antidrogas del Plan Colombia y el Plan Mérida, que han frenado la violencia de los carteles en Colombia y México, son los responsables de que los carteles se hayan establecido ahora en Centroamérica «y creado un problema gigantesco para nosotros», se quejó.

La mayor parte de los menores que llegan a la frontera estadounidense vienen huyendo de las maras o bandas callejeras, que les obligan a participar en el tráfico de drogas a fuerza de palizas brutales y amenazas de muerte, para ellos y sus familias. La cifra de menores de 12 años que cruzan la frontera de EE UU se ha incrementado un 117% desde octubre del año pasado. Desde entonces más de 50.000 niños han emprendido solos el terrible viaje, expuestos a las mafias que les extorsionan por el camino. El principal aumento corresponde a Honduras, el país que ha relevado a El Salvador como capital mundial del crimen y cuyos niños representan el 27% de esta crisis humanitaria. Naciones Unidas estima que entre los tres países hay 70.000 pandilleros que aterrorizan a los pequeños.

Bajo la definición internacional, todos los que huyen de un peligro inminente son técnicamente refugiados, pero para EE UU tendrían que estar perseguidos por motivos políticos, de raza, religión, nacionalidad o pertenencia a un grupo social. La amenaza de las bandas no cuenta, pero una de las opciones legales que baraja la Casa Blanca es encajarla dentro de la pertenencia a un grupo social. Eso les permitiría ofrecer asilo político a miles de niños en su país de origen, para evitarles el peligroso viaje. El programa piloto favorecería a 5.000 niños hondureños en los dos primeros años y, de funcionar, sería extendido después a Guatemala y El Salvador.

El costo de 47 millones de dólares (casi 35 millones de euros) que tendría supone una minucia de los 3.700 millones de dólares (2.754 millones de euros) que Obama ha pedido al Congreso para paliar la crisis, pero la Cámara baja sólo contempla darle mil millones para fortalecer la vigilancia de la frontera, y ninguno para ayuda humanitaria. Incluso el Senado, donde el partido del presidente tiene mayoría, ha rebajado su petición a 2.000 millones.