Marcha de togas por la justicia gratuita

Una marea de togas negras salió ayer a la calle en Madrid para defender el trabajo de los abogados de oficio. Cerca de 700 letrados de los 83 colegios de España, vestidos con su 'ropa de trabajo', se manifestaron en el corazón de la capital -desde el Paseo de Recoletos a la Plaza de la Cibeles- en contra del proyecto de ley de justicia gratuita, que consideran que solo causará perjuicios y «dolor» a los ciudadanos y que, sobre todo, pondrá el peligro el trabajo que prestan los 42.500 letrados de oficio que ejercen en España.

Según el Consejo General de la Abogacía Española, el proyecto de Alberto Ruiz Gallardón no garantiza el pago regular de las retribuciones de esos abogados, amén de que excluye de la gratuidad prestaciones como la asistencia a presos condenados, el asesoramiento previo a los juicios o la posibilidad de contar con abogados gratis para ejercer la acusación particular.

Al grito de «Gallardón dimisión» o «No a las tasas, Gallardón a su casa» los letrados, entre los que se encontraban muchos de los decanos y miembros de las juntas de gobierno de los diferentes colegios en representación de los 250.000 abogados ejercientes en España, exigieron al titular de Justicia que retire el polémico proyecto que ya se tramita en el Congreso.

Al final de la protesta, el presidente de la abogacía, Carlos Carnicer, reclamó al Gobierno que «corrija» una ley que «solo va a provocar perjuicios para los ciudadanos y que únicamente va entorpecer y estropear un servicio público ejemplar prestado por los abogados».

«El turno de oficio y la justicia gratuita son una parte esencial del sistema constitucional de Justicia y debemos defenderlo frente a quienes pretende perjudicarlo de cualquier forma», clamó Carnicer, quien insistió en que el proyecto de Ruiz Gallardón «no garantiza la financiación pública ni la cercanía» de la justicia al ciudadano, «desconfía y sospecha» de las personas que se acercan a los juzgados, «menosprecia» la labor de los abogados del turno de oficio «al no garantizar un pago digno y puntual por sus actuaciones», «burocratiza y hace más lenta» la labor de los abogados y, sobre todo, «deteriora un servicio de calidad y no mejora el actual modelo ni lo moderniza».

«En el proyecto de ley -dijo Carnicer- hay temas nucleares que, si no se cambian, pondrán en riesgo un servicio público modélico prestado por 83 colegios y 42.500 abogados, 24 horas al día, 365 días al año y cuyo presupuesto se ha reducido 42 millones de euros los últimos cuatro años».