Alaya imputa al exconsejero Antonio Fernández por las ayudas a Delphi

La jueza del número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha imputado en el sumario que sigue de los cursos de formación al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, citándolo a declarar el próximo día 16 de octubre. Fernández, que ya está imputado por el caso de los ERE y estuvo en prisión preventiva por ello cuatro meses, se convierte así en el primer imputado en el sumario que Alaya sigue sobre el presunto fraude en las ayudas a la formación profesional de la Junta de Andalucía, investigación que otros juzgados siguen en paralelo. En esta ocasión, Alaya acusa al exconsejero de los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en relación con las ayudas de 52 millones de euros concedidas a la empresa gaditana Delphi para la formación en el empleo de sus trabajadores despedidos.

La multinacional estadounidense con una planta de automoción en Cádiz sembró el pánico en esta provincia cuando en 2007 cerró sus instalaciones y despidió a 1.589 empleados para trasladar la producción a la planta que tiene en Tánger (Marruecos). Todos los esfuerzos de las administraciones entonces y durante años sucesivos estuvo encaminada a la recolocación de los despedidos, siendo infructuosos casi todos los intentos. Una de las soluciones fue ofrecer cursos de formación pagados mientras esperaban carga de trabajo en alguna de las empresas, como ocurrió con Alestis. La Comisión Europea llegó a aportar 10,4 millones de euros en este objetivo con cargo a un programa destinado a paliar los efectos de la deslocalización de empresas en Europa en busca de territorios con mano de obra más barata.

Antonio Fernández, consejero de Empleo de la Junta entre 2004 y 2010, tuvo un papel protagonista en las negociaciones para buscar salida a la crisis de Delphi. Ahora la jueza Mercedes Alaya entiende que parte de aquella mediación pudo ser constitutiva de delito. La jueza le imputa haber concedido diferentes subvenciones a la formación sin convocatoria ni base reguladora y haber concedido becas por asistencia a cursos por encima del máximo legalmente establecido, según confirmaron fuentes del caso.

Pero además, la jueza sitúa a Fernández como responsable del método existente en la Consejería de Empleo de conceder subvenciones a la formación «dictando resoluciones de exoneración» a las empresas y entidades de la justificación de estas ayudas en los ejercicios 2008 a 2011, contraviniendo, según Alaya, la Ley de Subvenciones, lo que les permitía acceder a nuevas subvenciones en posteriores ejercicios.

La magistrada se apoya en la declaración que hizo a la Guardia Civil el ex director general de Formación para el Empleo Carlos Cañabate de León denunciando la dificultad de hacer seguimiento y comprobar la ejecución de las subvenciones, por lo que se aplicaba el principio de exoneración, previsto para casos excepcionales, de forma asidua. La Cámara de Cuentas criticó en su día la falta de comprobación de las ayudas a la formación y el fiscal general del TSJA advirtió de numerosas irregularidades que podrían entrañar «responsabilidades administrativas y contables». Alaya señala que en octubre de 2013 «había una cantidad aproximada de 950 millones de euros en subvenciones sin justificar» en la Junta de Andalucía.

La Consejería de Educación (de la que ahora depende los cursos de formación profesional para el empleo) inició en septiembre de 2013 una investigación interna de las subvenciones concedidas desde 2008. La Junta revisaba 8.505 expedientes, de los que de 56 había exigido la devolución de ayudas por no estar justificadas, cuando la jueza Alaya envió a la Guardia Civil por todos los expedientes. El consejero de Educación, Luciano Alonso, siempre se ha mostrado reacio a dar nombres y datos mientras el proceso de justificación de las ayudas esté vigente. Ahora la jueza desvela el montante sin justificar, pero no aclara si está vigente su justificación.