El Supremo avala el abordaje de 'narcobarcos' después de la avalancha de excarcelaciones

La Audiencia Nacional no quiso esperar y ahora ya no hay solución. Los jueces, a pesar de los llamamientos de la Fiscalía para que no se precipitasen, se negaron en redondo la pasada primavera a frenar, al menos temporalmente, las excarcelaciones de narcotraficantes capturados en aguas internacionales a la espera de que el Tribunal Supremo resolvía si, efectivamente, la reforma de la justicia universal aprobada por el Gobierno hacía imposible perseguir a los 'narcobarcos'.

Ayer, el alto tribunal, en una resolución que supone un tremendo varapalo a los jueces de la Audiencia Nacional, resuelve que España, en virtud de los tratados internacionales, sí que es competente para abordar barcos sospechosos fuera de sus aguas jurisdiccionales. En el proceso, medio centenar de detenidos han sido puestos en libertad y, con toda probabilidad, se encuentran ya muy lejos de España.

El revolcón por parte del Supremo fue unánime. Los quince magistrados revocaron las 53 excarcelaciones acordadas y la doctrina que fijó el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el pasado 28 de abril, cuando los jueces de ese órgano por trece votos a favor y tres en contra acordaron dar carpetazo a todas las causas de apresamientos de 'narcobarcos' al interpretar que, tras la reforma impulsada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, los tribunales españoles no pueden perseguir a narcotraficantes que operen en aguas internacionales en barcos sin pabellón español, en cuya tripulación no haya ciudadanos españoles o si no hay pruebas de que el destino final de la droga es un puerto de España.

Una tesis que el Supremo echa por tierra al aceptar de manera casi íntegra los argumentos de la Fiscalía, que recurrió la excarcelación de trece narcotraficantes egipcios y de otro grupo de ocho sirios, aunque el fallo del alto tribunal, según confirmaron fuentes judiciales, afectará a todos los detenidos puestos en libertad desde el pasado abril.

Tratados

El alto tribunal da la razón a Antidroga, que desde el inicio sostuvo que la interpretación que hacía la Audiencia Nacional sobre la reforma de la justicia universal era contraria a los tratados internacionales suscritos por España, en particular a la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado. Todos esos acuerdos, confirma ahora el Supremo, obligan a las autoridades españolas a combatir por todos los medios el tráfico de estupefacientes por mar.

Los magistrados del alto tribunal también apuntalan la tesis de la Fiscalía de que la «voluntad» real del legislador con la reforma era poder perseguir este tipo delitos de narcotráfico aunque no tuvieran conexión con España. El Supremo dice que no puede haber dudas a la hora de interpretar el artículo 23.4 d de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), incorporado en la nueva reforma aprobada por el Partido Popular. Este precepto establece que los tribunales españoles podrán perseguir «delitos de piratería, terrorismo, tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, trata de seres humanos, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y delitos contra la seguridad de la navegación marítima que se cometan en los espacios marinos, en los supuestos previstos en los tratados ratificados por España o en actos normativos de una Organización Internacional de la que España sea parte».

El mismo día que el Supremo confirmaba la competencia española para perseguir los 'narcobarcos', el Constitucional admitió a trámite el recurso que presentó el PSOE contra la reforma de la justicia universal y que fue la modificación que, además de provocar las excarcelaciones de marineros, ha frenado todos los casos abiertos sobre delitos cometidos en el extranjero, entre otros, el de los genocidios en el Tíbet o en el Sáhara, los vuelos de la CIA, o los asesinatos del cámara José Couso en Irak o del jesuita Ignacio Ellacuría en El Salvador.

El recurso de los socialistas ponía el acento en que la reforma vulnera la tutela judicial efectiva y la independencia de los jueces, amén de varios convenios internacionales firmados por España.