Carlos Fabra entrará en la cárcel tras diez años de pelea judicial

Carlos Fabra, el otrora todopoderoso presidente de la Diputación de Castellón y del PP en esa provincia, terminará en la cárcel después de diez años de farragosos procesos judiciales. La cuestión ahora es solo saber si su ingreso en prisión será inmediato o si el exdirigente popular intentará aplazarlo presentando una petición de indulto al Gobierno y la subsiguiente reclamación al tribunal sentenciador para que posponga la orden de entrada en el centro penitenciario. Una petición de perdón que prometió que nunca iba a formalizar, quizás sabedor de que el Ministerio de Justicia rechazará cualquier medida de gracia para él. A donde sí va a recurrir es al Tribunal Constitucional, ante el que anunció que impugnará la decisión del Supremo. Este intento a la desesperada no evitará, sin embargo, su ingreso en prisión porque los recursos ante esta corte de garantías no acarrean la suspensión del cumplimiento de la pena.

El Tribunal Supremo abocó ayer a la cárcel a Fabra tras confirmar la condena a cuatro años de prisión por cuatro delitos fiscales que le impuso el pasado noviembre la Audiencia Provincial de Castellón que en su momento ya contempló la eximente de dilaciones indebidas como atenuante cuando la Fiscalía le pidió trece años.

El Supremo, que también confirmó la multa de 1,4 millones de euros para el exgobernante, redujo de dos años a uno la condena que recayó sobre la exmujer de Fabra, María de los Desamparados Fernández, a quien absolvió de uno de los dos delitos fiscales a que fue condenada en primera instancia. La sala entiende que en este caso Fernández puede acogerse a la llamada «ignorancia deliberada».

Ni el Gobierno ni desde la dirección nacional del PP se hicieron comentarios sobre la condena. Todo lo contrario de lo que ocurría hace unos años. En 2008, cuando ya estaba imputado por los hechos por los que ha sido condenado, Mariano Rajoy sostenía en plena campaña electoral que fabra «es un ciudadano y un político ejemplar» para el PP y «también para los ciudadanos de Castellón».

Satisfacción opositora

Ayer solo los amigos se acordaron de él. El diputado valenciano Vicente Martínez Pujalte señaló que «más allá de lo que haya hecho tendrá siempre mi amistad. A veces la amistad supera el que uno haya hecho algo mal».

La oposición, sin embargo, recibió con alborozo la noticia. «Por una vez nos ha tocado la lotería a todos», comentó el líder de los socialistas valenciano, Ximo Puig, en alusión a la sospechosa facilidad que tenía Fabra para que le tocara la lotería.

Los jueces del Supremo rechazaron los recursos de la defensa del exlíder del PP castellonense, que reclamaba su absolución, pero también los del fiscal y el abogado del Estado, que pidieron aumentar de cuatro a ocho los años de cárcel. En esencia, el Supremo confirmó la tesis principal que sirvió para condenar en primera instancia a Fabra y a su exesposa, al considerar probado que en el período 1999-2004 registraron en las cuentas de las que eran cotitulares ingresos no justificados por importe superior a 3,2 millones de euros, con una cuota defraudada a Hacienda de un millón de euros.

Según explicaron fuentes del Supremo, que solo hizo público el fallo pero no la sentencia completa de la que será ponente Luciano Varela, el tribunal sostiene que «solamente fuentes ocultas explicarían razonablemente las cantidades consideradas como ganancias no justificadas». La resolución, a título de ejemplo, recuerda que en 1999 Fabra ingresó 774.000 euros en efectivo frente a una renta declarada de 60.000 euros. Por ello, los magistrados creen que es evidente que el expolítico popular «afloró un capital o ganancia de origen no declarado y no justificado».

La sentencia debe ser notificada al acusado y a la Audiencia Provincial de Castellón, que será el tribunal que ordene su ingreso en prisión. Según revelaron fuentes del proceso, el tribunal sentenciador, habida cuenta de que se trata de una condena importante, no paralizará su encarcelamiento aunque pidiera el indulto.

El fallo conocido ayer pone punto y final a un proceso judicial jalonado de infinidad de vicisitudes, que a punto estuvieron de provocar que todo acabara en nada cuando a finales de 2010 la Audiencia de Castellón acordó sobreseer la causa por entender que los delitos fiscales cometidos entre 2000 y 2003 habían prescrito. Solo la decisión del Supremo en 2011 de revocar este fallo y ordenar reabrir la causa salvó in extremis un proceso -instruido hasta por nueve magistrados diferentes- que se inició en 2003 a raíz de la denuncia del empresario y examigo íntimo suyo Vicente Vilar.