Anticorrupción pide una fianza de 296.000 euros al exlíder andaluz de UGT
El fiscal del 'caso de los ERE' reclama idéntica cantidad para un miembro de CC OO por las irregularidades en la ayuda a Altadis
SEVILLA. Actualizado: GuardarLa Fiscalía Anticorrupción reclamó ayer la imposición de una fianza por responsabilidad civil de 296.000 euros para el exsecretario general de UGT de Andalucía Francisco Fernández Sevilla y para otro dirigente de la federación agroalimentaria de CC OO, Antonio Perianes Pedrero, por las supuestas irregularidades en el ERE subvencionado por la Junta de Andalucía a la empresa tabaquera Altadis.
Ambos sindicalistas, que se acogieron a su derecho constitucional a no declarar alegando que no han tenido acceso a toda la documentación judicial ni conocen los hechos en su contra, quedaron no obstante imputados por la juez Mercedes Alaya por un delito de malversación de fondos públicos.
En el auto de implicación dictado hace escasas semanas, la juez instructora cuestionó la ayuda de 22 millones que la Junta de Andalucía concedió en 2005 a la multinacional tabaquera para prejubilar a más de 170 empleados y llegó a calificar el acuerdo suscrito como un «cheque en blanco» dado que, entre otras irregularidades, el acuerdo para la concesión de la ayuda no fue autorizado por el Consejo de Gobierno y no recogía el importe de la misma, por lo que los fondos fueron utilizados «discrecionalmente y sin control», según la apreciación de la magistrada.
Sin control
Alaya mantiene que, por este motivo, el compromiso final de pago, que se empezó a abonar en 2008, ascendido a 34,4 millones de euros. Esta es la razón por la que decidió ampliar las acusaciones contra los exdirectores generales de Trabajo andaluces Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera y contra otros cinco ex altos cargos públicos ya imputados por estos mismos hechos.
Fernández Sevilla, que en la época bajo investigación ostentaba el cargo de responsable de la federación agroalimentaria, justificó a las puertas del juzgado sevillano su negativa a declarar en defensa de sus garantías procesales, dado que aún falta por incorporarse a la causa el atestado policial sobre este expediente.
El sindicalista insistió en que se limitó a firmar un acuerdo de bases y que «no tiene nada que ocultar». Añadió que aunque quería declarar no lo hizo por entender que aún no consta en el sumario toda la documentación ni se han clarificado los supuestos hechos delictivos que se le imputan.
