Un tecnicismo pone en peligro la ley de reforma sanitaria de Obama

Lo que no pudieron lograr los fanáticos del Tea Party ni los esfuerzos de la Cámara baja dominada por los republicanos, podría ocurrir por un error en la redacción de la ley de reforma sanitaria. Dos jueces republicanos del Tribunal de Apelaciones de Washington DC decidieron ayer que las deducciones fiscales con las que el Gobierno federal incentiva la adquisición de pólizas de seguro privadas sólo son válidas para los habitantes de los estados que han formado su propia bolsa de seguros, excluyendo a los 36 que utilizan la del Gobierno federal.

Potencialmente, la decisión es una daga en el corazón de la reforma sanitaria, cuyo mayor atractivo es el abaratamiento de los costos sanitarios para la población de bajos recursos que no es suficientemente pobre como para optar al seguro de beneficencia llamado Medicaid. La cuestión es que en el mismo día, otro tribunal de apelaciones cercano al de DC, el Cuarto Circuito de Apelaciones de Virginia, ha decidido exactamente lo contrario. Según éste, la ley es suficientemente ambigua como para permitir que sea el Departamento de Hacienda el que decida esa cuestión.

En vista de esa discrepancia, el Gobierno de Barack Obama ha pedido que revise la decisión todo el tribunal completo de apelaciones de Washington DC, donde tienen mayoría los jueces nombrados por presidentes demócratas. Sobre la mesa pondrán la opinión de un juez del Supremo nada favorable al Gobierno de Obama ni a las causas progresistas: Antonin Scalia. Apenas el mes pasado, cuando asestó un duro golpe a la misma ley al permitir que las empresas usen una cláusula de conciencia para no proporcionar anticonceptivos a las mujeres, el juez afirmó que las leyes hay que interpetarlas en su contexto y no al pie de la letra.

El contexto de las casi 11.000 páginas de la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible (ACA, por sus siglas en inglés) no deja lugar a dudas de que los congresistas que las aprobaron pretendían facilitar la asistencia sanitaria a un costo asequible para todos los estadounidenses, sin importar quién estableció la bolsa de seguros.

El Gobierno de Obama tiene confianza en que el pleno del Tribunal de Apelaciones que ayer le propinó un revés acabe dándole la razón, pero el hecho de que dos de los tres jueces que inicialmente han estudiado el caso lo vieran de otra manera abrirá la puerta a nuevas apelaciones. Las decisiones contradictorias de varios tribunales es uno de los incentivos más dominantes para que el Tribunal Supremo acepte casos. Y de llegar a su mesa, la situación no puede ser más incierta y potencialmente adversa para Obama.

Por supuesto, el Congreso puede corregir su error técnico en la redacción de la ley, pero dado el clima de antagonismo que viven ambas cámaras a tres meses de las elecciones legislativas, nadie sueña con ello.