España acusa a Londres de «injerencias inaceptables» tras el último choque por Gibraltar

El enésimo incidente en las aguas en disputa entre España y Gibraltar se saldó según el guión previsto y tantas veces repetido a lo largo de los últimos dos años y medio. En esta ocasión, el choque tuvo su origen en las acusaciones lanzadas por las autoridades del Peñón a raíz de la actuación de un barco de la Armada. Según denunció la colonia británica, el patrullero 'Tagomago' desvió de su ruta a dos embarcaciones que habían partido o se dirigían hacia Gibraltar y se encontraban en aguas internacionales. Aunque ninguno de los barcos era de pabellón británico, Londres considera que se produjo una violación de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho en el Mar.

Como respuesta al suceso, el Foreing Office convocó ayer por quinta vez al embajador en Londres, Federico Trillo, para expresarle su profundo malestar y exigirle explicaciones. Acto seguido, el Ministerio de Asuntos Exteriores español hizo lo propio con el representante británico en Madrid. La diferencia en esta ocasión radica en el contundente reproche lanzado por el departamento que dirige José Manuel García-Margallo contra la actitud de Reino Unido.

En un duro comunicado, el Ministerio considera «inaceptable» que se impute a España una actuación «provocadora» y tachó las acusaciones de «rigurosamente falsas». En la misma nota, se aclara que el 'Tagomago' se encontraba en aguas españolas cuando interceptó a los dos barcos por lo que la acción de protesta de Reino Unido supone una «una injerencia inaceptable en la acción rutinaria de la Armada».

De la misma forma, Exteriores afirma que «las reiteradas convocatorias al embajador de España en Londres por supuestos incidentes que, entre países amigos y aliados deberían ser tratados de forma diferente, establece una dinámica diplomática inadecuada». «La convocatoria de embajadores es un acto muy serio que debe reservarse para situaciones de especial gravedad», se añade.

Esta posición le fue expuesta ayer al embajador británico, Simon Manley, por parte del director general de Política Exterior, Ignacio Ybáñez. A la salida de la reunión celebrada en la sede del Ministerio y que se prolongó por espacio de media hora, el diplomático se limitó a señalar que la postura del Gobierno británico con respecto a la colonia «es de sobra conocida».

Escalada de tensión

Exteriores insistió ayer en que es contrario a este tipo de escaladas de tensión porque no contribuyen al entendimiento entre las partes. No obstante, reiteró que el Gobierno se mantendrá firme en la defensa de las posiciones españolas en torno a Gibraltar.

La nueva convocatoria de Trillo se produjo apenas dos semanas después de que la Cámara de los Comunes emplazase al Ejecutivo de David Cameron a responder con más firmeza a la «campaña de acoso e intimidación» que España ha lanzado contra la población del Peñón. También es el primer encontronazo desde que Philip Hammond asumió el Ministerio de Exteriores británico en sustitución de William Hague. Hammond, al que se sitúa en el ala más conservadora del gabinete de Cameron, se estrenó en su nuevo puesto con la nueva convocatoria al embajador español.

El pasado jueves Cameron aprovechó la presencia de los líderes europeos en Bruselas para dirigirse en persona a Mariano Rajoy. Según hizo público el Foreign Oficce, el primer ministro británico «le dejó claro al señor Rajoy que no podían volver a repetirse los incidentes del verano pasado».

Justo hace un año las autoridades gibraltareñas lanzaron a las aguas en disputa 70 bloques de hormigón para impedir a los pesqueros españoles faenar en la zona. La respuesta del Gobierno español fue reforzar los controles en la frontera con el Peñón lo que derivó en largas horas de espera para entrar y salir de la colonia. La situación obligó a la intervención de la Unión Europea que en un primer informe consideró legales los controles en la aduana. Ayer, el Ejecutivo de Gibraltar volvió a denunciar que «las colas en la frontera están siendo generadas de manera deliberada por las autoridades españolas».