La Junta cierra filas en torno a la gerente de IDEA en Cádiz, imputada en el 'caso Bahía'

La Delegación del Gobierno de la Junta convocó a la prensa hace dos días para informar sobre las inversiones de la agencia IDEA en la provincia de Cádiz. Un balance en clave muy positiva que se conocía ayer, 24 horas después de saberse a través de las páginas de este periódico la citación en calidad de testigo del exconsejero de Innovación, Francisco Vallejo, en la investigación por el 'caso Bahía Competitiva'. Él fue uno de los firmantes del convenio que articulaba el funcionamiento de este programa de incentivos empresariales que fue cancelado en 2011 tras saltar el escándalo con la reclamación que hacía el Ministerio de Justicia de reintegro de 14 millones de euros a uno de los empresarios que habían sido subvencionados. Esa coincidencia, entre la convocatoria y la actualidad informativa, hacía obligado que el delegado del Gobierno autonómico fuera preguntado sobre el caso en rueda de prensa.

El delegado del Gobierno andaluz, Fernando López Gil, pasaba de puntillas sobre la citación de Vallejo, otrora responsable político de la agencia pública. Si bien, volvió a poner encima de la mesa la línea argumental que mantiene la Administración regional en lo que se refiere a la investigación judicial: culpar al Ministerio de Industria y defender el papel de denunciante de la Junta. «Debería llamarse en lugar de caso Bahía Competitiva, caso Plan Reindus. No se ha defraudado ni un euro de la Junta y el problema, en todo caso, está en las ayudas que autorizó el Ministerio. Fuimos nosotros, los que al detectar las primeras irregularidades, pusimos el caso en manos judiciales».

Esa línea forma parte ya del argumentario interno del partido. No sólo González Cabaña, expresidente de la Diputación Provincial, se ciñó a ese ataque mirando a Madrid en su declaración ante la jueza como testigo. Ayer, era la secretaria de Organización del PSOE, Araceli Maese, la que empleaba la misma idea para limpiar de culpas a la Administración regional.

Hay que recordar que los responsables del Ministerio durante el tiempo que permaneció vigente el Plan Reindus, entre 2009 y 2011, confirmaron a la jueza que no revisaban los listados de proyectos subvencionables que aprobaban en Cádiz, porque confiaban en el trabajo que realizaba una mesa evaluadora compuesta por la Diputación y la Junta. Además, en ese periodo, la sintonía política era absoluta porque tanto en Andalucía como en el Gobierno central gobernaba el PSOE.

Confianza absoluta

En la rueda de prensa también estuvo presente, aunque en un segundo plano, la gerente provincial de la agencia pública, Rosa Mellado, imputada en el caso. López Gil hizo una defensa a ultranza de Mellado cuando fue preguntado si se mantenía la confianza en ella pese a su delicada situación procesal. El delegado del Gobierno llegó a cuestionar esa imputación, calificándola de «injusta». A su juicio, todo obedece a que la gerente provincial formaba parte de la mesa evaluadora de proyectos y por eso se encuentra en la actual situación. «Pero confiamos que todo se resuelva favorablemente y quede aclarado».

Esa confianza en Mellado contrasta con la que no ha depositado el PSOE en otros imputados del caso del mismo color político. Así, la exdiputada de Empleo María José Valencia, fue cesada de sus responsabilidades en el Ayuntamiento de Sanlúcar por orden de la secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, tras su primera declaración como imputada. Si bien, la relación entre ambas políticas estaba tocada desde antes, cuando la edil optó por apoyar a Rubalcaba en el anterior congreso del partido. López Gil niega esta doble vara de medir y sostiene que el caso de Valencia «es diferente».