Alaya vuelve a poner bajo sospecha la etapa de Griñán

La juez Mercedes Alaya ultima los flecos de la investigación de los ERE fraudulentos en Andalucía y apremia al Gobierno de Susana Díaz para que concrete los pagos de ayudas sociolaborales supuestamente irregulares realizadas durante la última etapa del gobierno de su antecesor, José Antonio Griñán, en 2011 y 2012.

De esta manera, vuelve a poner bajo sospecha el mandato de éste, ya que entiende que el nuevo sistema de concesión seguía sin ajustarse a la ley para este tipo de ayudas. La macrocausa abarca ya 12 años y alcanza los 200 imputados.

En un auto notificado ayer, Alaya emplaza a la Junta de Andalucía a que aporte antes del fin de semana la relación de ayudas concedidas durante ese periodo con cargo a la famosa partida 31-L -denominada 'fondo de reptiles' por el exdirector general de Trabajo de la Junta Javier Guerrero-, la fecha de pago y las resoluciones por las que fueron otorgadas. Alaya ya había realizado esta petición con anterioridad, no con tanta urgencia, pero ahora quiere completar la documentación y concretar los pagos que llevaron a cabo durante 2011 y 2012. Un periodo en los que la investigación del caso ya estaba en marcha, empezó en 2010, y en los que la Junta sustituyó el supuesto procedimiento inadecuado para dar las ayudas por la encomienda de gestión, con más controles pero que la juez tampoco considera adecuado.

En julio de 2012 la entonces consejera de Presidencia y hoy jefa del Ejecutivo autonómico, Susana Díaz, recordó a la juez el cambio del sistema en la concesión de las ayudas, por lo que no compartía «las dudas» sobre la legalidad de las entregas de dinero de esos dos años.