Alaya apremia a la Junta a completar datos de los ERE pagados en la etapa de Griñán

La jueza Mercedes Alaya, que investiga el presunto fraude en los ERE (expedientes de regulación de empleo) pagados con dinero de la Junta de Andalucía, apremia a esta a completar información sobre abonos supuestamente irregulares que se hicieron durante la etapa de Griñán como presidente.

En un auto fechado este martes día 15, Alaya requiere a la Junta «la relación de las ayudas concedidas e importe de las mismas durante los ejercicios 2011 y 2012, las resoluciones por las que se acordaba la concesión de éstas y la fecha de abono en su caso». La jueza le concede un plazo de dos días para la remisión de esta información, que considera necesario para completar «la relación de subvenciones sociolaborales concedidas hasta el ejercicio 2012», con cargo al programa 31L de la Consejería de Empleo.

En el mismo auto Alaya cita como imputado a un nuevo excargo de la Junta, José de Haro Bailón, secretario general de Hacienda desde 2004 a 2009, lo que eleva a 200 el número de imputados en la causa.

La magistrada, que según diversas fuentes está a punto de empaquetar el voluminoso sumario para elevarlo al Tribunal Supremo al estar señalados aforados en el mismo, confirma en este auto que su investigación abarca más de una década de los gobiernos socialistas, en total trece años, pues también instruye sobre ayudas de 1999 y 2000.

Alaya comenzó su instrucción en enero de 2011 y en los primeros autos en los que pidió información a la Junta de Andalucía, en marzo de ese año, cercaba la investigación en los años 2001 a 2010. Tres años y medio después, esta ya abarca incluso a años posteriores al inicio de la instrucción y del sumario, lo que resulta casi insólito.

Alaya ha centrado sus pesquisas en el pago de las ayudas a través del IFA, luego IDEA, mediante un procedimiento, las transferencias de financiación, que considera ilegal porque permitió que escaparan a los controles previos y se tramitaran sin la publicidad y equidad que exige la ley de subvenciones. Alaya considera que este sistema propició el fraude a las arcas públicas cometido por intermediarios y beneficiarios de las subvenciones, bien con prejubilaciones falsas, con sobrecomisiones desorbitadas o ayudas millonarias sin justificar. La jueza considera que los sucesivos gobiernos utilizaron adrede el sistema opaco para obviar el control y conceder ayudas de forma arbitraria. Por ello ha imputado a casi 50 cargos de la Junta y señalado como tales a los expresidentes Chaves y Griñán.

La Junta modificó el procedimiento y a partir de 2010 utilizó las encomiendas de gestión, pero Alaya considera que sigue siendo inapropiado porque también permite una concesión opaca de las ayudas.

Hace dos años, en julio de 2012, Mercedes Alaya pidió a la Junta a través de un auto toda la documentación de las ayudas concedidas desde 2010 a 2012 mediante las encomiendas de gestión y las modificaciones presupuestarias hasta 2011.

Ampliación de investigación

Esta petición significaba la ampliación de la investigación y tocaba de lleno al Gobierno de Griñán, entonces ya en coalición con Izquierda Unida, lo que molestó al ejecutivo. La entonces consejera de Presidencia, Susana Díaz, hoy presidenta, mostró su extrañeza y dijo no compartir «las dudas» de la jueza sobre los años 2011 a 2012 cuando se había cambiado el sistema. En octubre de ese 2012, la Junta volvió a modificar el procedimiento de pago de las ayudas, anulando, por ejemplo, las comisiones a las aseguradoras.

En diciembre del pasado año, el PP, personado como acusación, reclamó a la jueza diligencias para que requiriera a la Junta copia íntegra de todos los expedientes de ayudas sociolaborales tramitadas por el Gobierno andaluz entre 2010 y 2012 , para demostrar que Griñán dejó la Presidencia por los ERE.

El portavoz del PP en el Parlamento, Carlos Rojas, dijo ayer que el último auto de la jueza demuestra que la investigación «está cada vez más cerca» de Susana Díaz, aunque no explicó por qué.