Génova no puede probar el pacto de Rajoy y Bárcenas para su despido en 2010

El PP y su bestia negra, Luis Bárcenas, volvieron ayer a verse las caras en un juzgado. Esta vez para dirimir la legalidad del despido del extesorero, que reclama más de 900.000 euros al que fuera su partido durante tres décadas. La cuestión jurídica se centró en el momento en que las partes extinguieron su relación laboral. Si en abril de 2010, como ha reiterado en público la cúpula del PP, o en enero de 2013, como sostiene la defensa de Bárcenas. A la espera de la sentencia, las posturas distantes quedaron patentes en la vista oral, celebrada en un juzgado de lo social de Madrid.

El cuadrilátero que enfrentó de nuevo a Bárcenas contra el PP no alcanzó el morbo de la demanda contra el honor que interpuso la secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, al único preso preventivo del 'caso Gürtel'. Ni la dirigente estaba en la sala de vistas, aunque su nombre sobrevoló en varias ocasiones, ni el extesorero intervino para soltar alguna de sus rotundas frases delatoras, pese a que éste siguió el juicio conectado desde una sala con cámara en la cárcel de Soto del Real (Madrid).

La juez no tuvo a bien que el preso contara sus peripecias laborales en su despacho de la calle Génova 13, sede nacional del PP, entre abril de 2010 y enero de 2013. Periodo en el que, según defendió ayer el letrado del PP Iván Gayarre, no mantuvo ninguna relación activa con la entidad. O como dijo Cospedal en la famosa rueda de prensa de la «indemnización en diferido» en febrero de 2013: «Este señor dejó de prestar servicio a este partido en abril de 2010».

Pero una cosa son las palabras y otra distinta son la pruebas documentales que las corroboran. Porque en la vista oral de ayer quedó claro que la defensa del PP no pudo documentar que Bárcenas dejara de prestar sus servicios en aquella fecha. Ello pese a que mencionó un «acuerdo mutuo» entre las partes para extinguir el contrato. Un pacto al que se llegó en la reunión que mantuvieron el presidente Mariano Rajoy, el entonces secretario general Javier Arenas y el propio Bárcenas en el despacho del primero, como reveló Cospedal al juez Pablo Ruz en su declaración como testigo en la Audiencia Nacional.

En aquella cita se acordó que el extesorero abandonara sus funciones a cambio de un despacho con ordenador en la sede del partido, secretaria, chófer o el pago del seguro médico. Pero «el problema» para el PP fue cómo abonar sus retribuciones. Así, dijo ayer Gayarre, «se decidió cotizar por él para no tener un problema con Hacienda ni con la Seguridad Social».

«Papel mojado»

Después se acordó la modalidad de pago. Lejos de la confusión que provocó Cospedal con sus explicaciones, se trató de una «indemnización en diferido con simulación de renta» de las 33 mensualidades que van desde abril de 2010 hasta el 31 de enero de 2013, cuando el PP le da de baja «sin previo aviso» tras la publicación de sus papeles secretos. Una decisión que motivó la demanda judicial por despido improcedente. En total, Bárcenas recibió 719.502 euros brutos, de los que la Seguridad Social se quedó con cerca de 300.000.

Lo que para el PP, como parte demandada, fue un acuerdo propio de cualquier empresa del país con un alto cargo, para el abogado del extesorero, Enrique Villegas, demostró que la relación laboral se mantuvo hasta 2013 pese al «pacto no documentado» entre Rajoy y Bácenas.

«Si existe un acuerdo hay que demostrarlo, en caso contrario es papel mojado. La empresa seguía cotizando por mi cliente y decir que cobró en diferido, como señaló Cospedal, es un claro fraude», defendió el letrado. Para ello presentó como testigo al portero de la casa de la familia de Bárcenas, que reconoció que su cliente tenía chófer y que una Navidad le trajo una cesta de Génova 13.

Por su parte, el PP propuso al responsable de su servicio jurídico, Alberto Durán. Éste declaró que el extesorero le confirmó la existencia de dicho acuerdo en 2010 y que no hubo constancia documental porque es un «caballero» y que era un «pacto de buena fe». Asimismo, Durán aclaró que en enero de 2013, con el runrún en el ambiente de la existencia de los papeles secretos, se abonó una nómina a Bárcenas por un «error administrativo», ya que estaba incluido en las órdenes de pago que se daban al banco. El abogado también negó que tuviera despacho en la sede del PP, sino que usaba un «habitáculo» para sus «cosas personales».