Un mal precedente en Sanlúcar

Primero fue Manuela, luego Laura y así hasta 80 familias las que han ocupado pisos vacíos en Sanlúcar en los últimos meses. La desesperación ha llevado a estas personas a pegar una patada en la puerta y ahora la situación tiende a irse de las manos. El Ayuntamiento de la localidad ha pedido ayuda a la Junta para evitar nuevas ocupaciones y ha puesto a disposición de la Administración regional suelo público para la construcción de viviendas sociales. La Delegación Provincial de Fomento, lejos de recoger el testigo lanzado por la Corporación, ha destacado que la solución al problema no pasa, precisamente, por la construcción de pisos. Se trata de un problema sociolaboral que se puede enquistar si no se toman medidas. La mayoría de las familias que ha ocupado las casas vacías lleva años en paro y con un desahucio a cuestas. No perciben ayudas familiares ni prestaciones y el único sustento es la caridad. Ante esta situación resulta lógica la justificación de Fomento. Sin embargo, llama la atención que el consistorio y la Junta no se entiendan en este asunto, sobre todo, porque ambos están gobernados por el mismo partido: el PSOE. Las competencias de vivienda, sin embargo, son de IU. La situación generada en Sanlúcar supone un mal precedente. El Ayuntamiento no puede ponerse de perfil ante estos asaltos. Se trata de un drama social y es obligación de las administraciones públicas impedir atropellos como los que están ocurriendo en Sanlúcar porque, entre otras cosas, esta práctica impune puede desembocar en el temido efecto llamada. La ocupación ilegal de las casas supone un agravio para quienes llevan años esperando una vivienda social.