El Gobierno da luz verde a una ley de seguridad ciudadana 'light'

El Gobierno dará luz verde mañana al nuevo proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, la normativa que, 22 años después, sustituirá a la controvertida 'ley Corcuera'. El texto que llega al Consejo de Ministros se parece muy poco al corpus normativo que el ministro Jorge Fernández Díaz presentó al calor de los disturbios del 15M y que provocó una avalancha de críticas de jueces y fiscales por su dureza penal contra todo tipo de protestas.

La llamada 'ley Fernández', el que estaba llamado a ser el proyecto estrella del Ministerio del Interior, será al final mucho más suave que lo que apuntaban sus borradores, porque el Gobierno ha incluido la inmensa mayoría de las recomendaciones de los órganos consultivos -Poder Judicial, Fiscalía y Consejo de Estado- que habían advertido de la inconstitucionalidad de muchos de los preceptos.

En el texto que comienza ahora su andadura parlamentaria desaparecen algunas de las cuestiones más espinosas, tales como realizar identificaciones por meras faltas administrativas; practicar cacheos casi de desnudos integrales; considerar responsables de las posibles algaradas a los convocantes de las manifestaciones o concentraciones legalmente autorizadas; disolver reuniones ante la sola posibilidad de «riesgo» de «alteraciones de la seguridad ciudadana»; la transformación de infracciones en simples faltas sin control judicial; o que la simple declaración de un policía tuviera valor probatorio en una denuncia y no, como hasta ahora, de simple testimonio más en la causa.

Sí se va mantener, sin embargo, otro punto también polémico, la retención policial, diferente a la clásica detención, que actualmente no tenía ningún límite temporal. El texto prevé que los agentes puedan inmovilizar a un ciudadano sin presentar cargos contra él, pero solo en tres supuestos: cacheos, pruebas de alcoholemia e identificación, y por un tiempo máximo de seis horas.

La identificación sí que será posible para prevenir la comisión de delitos o para sancionar infracciones, pero no por meras faltas. El proyecto suaviza igualmente la sanción por fotografiar o tomar imágenes a policías. Solo será una infracción si esas grabaciones suponen un peligro para el funcionario o su familia, pueden poner en riesgo una operación o recogen instalaciones sensibles.

También se dulcifica mucho el tratamiento que el Ministerio del Interior quería dar a iniciativas como la de 'Rodea el Congreso'. Solo serán faltas graves si esas protestas en los aledaños de la cámara baja, el Senado o los parlamentos autonómicos provocan una perturbación grave de la seguridad ciudadana.

Otras sanciones

El anteproyecto del Gobierno consideraba una infracción grave «el ofrecimiento, solicitud, negociación o aceptación de servicios sexuales retribuidos en zonas de tránsito público» y proponía sancionar tanto a las prostitutas como a los clientes. Sin embargo, el texto que aprobará el Consejo de Ministros solo contempla multas para los clientes.

Entre otras actuaciones, pasan a ser infracciones muy graves, multadas con entre 30.001 a 600.000 euros, la perturbación grave del orden en actos públicos, religiosos o deportivos; las protestas no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas; los escraches a políticos; o deslumbrar con punteros láser a pilotos o conductores de medios de transporte públicos.

Serán infracciones graves, con sanciones entre 1.001 a 30.000 euros, los daños a mobiliario urbano, provocar incidentes con el rostro escondido tras una capucha, o injuriar a los agentes en manifestaciones.