El presidente de Gowex vendió 49 millones en acciones antes de confesar

El expresidente y consejero delegado de Gowex, Jenaro García -quien dimitió de sus cargos el domingo-, vendió cerca de 49 millones de euros en acciones durante el primer semestre del año y antes de confesar el enorme fraude contable que arrastraba su compañía. Así lo reconoce la propia empresa de redes de wifi en un hecho relevante enviado ayer al Mercado Alternativo Bursátil (MAB), según el cual ha pasado de una participación del 51% al cierre de 2013 a tener un 47,35% a 30 de junio pasado.

Lo que sí mantuvo García es el vehículo usado para canalizar su inversión: las sociedades instrumentales Cash Devices, que tenía a finales del primer semestre el 23,24% de los títulos, y Biotelgy, donde estaba el 24,11% del capital social. Las operaciones se realizaron fundamentalmente con la primera. Como tercer accionistas de peso en Gowex permanecía Alvasebi, un 'family office' -una de las plataformas de inversión que suelen usar los grandes patrimonios- que está controlado por otro de los ejecutivos de la compañía: Javier Solsona, director del área corporativa.

Desde el consejo de administración, sin embargo, evitaron entrar en detalles sobre sus socios -más allá de la mención escueta a las sociedades de su fundador- gracias a que la ley no les obliga a informar de las participaciones inferiores al 10%. Esta llamativa reserva -la empresa, no obstante, apuntó de forma genérica que está dispuesta a ofrecer más «aclaraciones»-, junto a lo sospechoso de que no conocieran la situación contable real de Gowex, ha llevado a los afectados a incluirles en sus primeras querellas.

Del consejo a la CNMV

En concreto, dos plataformas de inversores presentaron el martes las suyas ante la Audiencia Nacional -otras dos asociaciones seguirán ese camino- y pasarán a ser instruidas por el juez Santiago Pedraz, que está a la espera de que se pronuncie la Fiscalía Anticorrupción. Tanto la Asociación Activa Gowex como el PPPr (Partido de los Perjudicados por las Preferentes) -que pretende ejercer como acción popular en este tipo de fraudes colectivos- extienden su acusación, amén de García, a los miembros del consejo.

También apuntan al auditor (M&A) y, en el caso del PPPr, incluyen además a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por haber fallado en sus labores de regulación. Los delitos que se les atribuyen son fundamentalmente societarios -falsedad de cuentas y administración fraudulenta-, amén de manipulación de precios y abuso de información privilegiada.

De otro lado, el ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció ayer que estudia trasladar al mercado ordinario las empresas que coticen en el MAB con una capitalización de entre 500 y 1.000 millones de euros. Con ello, el Gobierno busca fortalecer a este último como una Bolsa sólo de pequeñas y medianas empresas (pymes). También ampliará las responsabilidades del propio gestor bursátil (BME), elevará los controles de la CVNMV y exigirá más transparencia a los auditores.