La Autoridad Fiscal reclama una «senda creíble» para reducir la deuda

Primer tirón de orejas al Gobierno de la recién creada Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Este organismo independiente encargado de evaluar si los presupuestos de las administraciones públicas se ajustan a los objetivos de consolidación reclamó al Ejecutivo «una senda creíble» para reducir la deuda pública. Y es que el organismo, que ayer presentó sus principales líneas de actuación, no ve viable reducir el pasivo desde casi el 100% del PIB hasta el 60% en el plazo que marca la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Los esfuerzos del Gobierno en los últimos años han ido encaminados a reducir el déficit público, pero la AIReF considera necesario cambiar el enfoque a medio plazo para afrontar el problema de la deuda pública. «Nos preocupa el nivel de deuda de la economía española que ha alcanzado unas cifras muy altas. Esto tiene efectos no deseados sobre el bienestar económico», aseguró el presidente de la institución, José Luis Escrivá. En este sentido, el organismo planteará al Ejecutivo que elabore una senda para reducir la deuda «que sea exigente, pero al mismo tiempo factible de alcanzar».

Y es que desde la AIReF recuerdan que según el Plan de Estabilidad enviado en abril a Bruselas el pasivo se situará en el 98,5% del PIB en 2017 (tras alcanzar el máximo en 2015 con un 101,7%). Por su parte, la Ley de Estabilidad Presupuestaria establece que la deuda no debe superar el 60% del PIB en 2020. Es decir, que si se dan por buenos los datos enviados a la Comisión Europea -que algunos organismos internacionales ponen en duda y pronostican unas cifras todavía superiores- la deuda debería reducirse en 38,5 puntos en solo tres años. Algo que la institución no considera que pueda hacerse sin dañar la economía. Precisamente para ganar «credibilidad en los mercados», la AIReF considera imprescindible que el Gobierno establezca un plan «realista» para reducir el pasivo. De hecho, así se lo planteará al Ejecutivo en el primer documento que presente el organismo este mes sobre los cumplimientos de déficit y deuda.

Pero este órgano tiene entre sus objetivos otras muchas funciones como validar o no las proyecciones macroeconómicas del Gobierno, evaluar la viabilidad del Programa de Estabilidad, la monitorización de todo el proceso de elaboración de las cuentas públicas de las administraciones así como el riesgo de incumplimiento de los objetivos presupuestarios. También analizará la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas y la Seguridad Social. Todos los informes que acompañen a estas evaluaciones contemplarán una serie de recomendaciones no vinculantes, pero que en caso de ser rechazadas exigirán de una explicación pública por parte de la administración.

Sin embargo, la autoridad fiscal también tiene una serie de limitaciones por ley. Así, no puede realizar análisis sobre medidas legislativas concretas. Es decir, que no entra en el ámbito de sus competencias evaluar, por ejemplo, la reforma fiscal, salvo en lo tocante al déficit público. Y es que como recordó Escrivá, su función está en analizar cuestiones macroeconómicas.

Control de las comunidades

El organismo, creado en 2013 pero que no se constituyó formalmente hasta hace unos meses, empezará a emitir sus primeras valoraciones sobre cumplimiento de déficit y deuda y procedimientos del ciclo presupuestario entre los meses de julio y agosto. También publicarán seis informes sobre los planes de equilibrio financiero de las comunidades autónomas que incumplieron los objetivos de déficit o deuda en 2013 (Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra).

En el último cuatrimestre del año también hará públicos los informes sobre las previsiones macroeconómicas, el análisis de los presupuestos de las distintas administraciones públicas, una evaluación sobre la aplicación de los mecanismos de corrección de la Ley de Estabilidad y una valoración sobre el índice de revalorización de las pensiones.

Por otra parte, Escrivá quiso resaltar la independencia de la institución basada en el nombramiento del presidente por un periodo no electoral (6 años). También la transparencia mediante la publicidad máxima de sus informes y la rendición de cuentas ante el Parlamento mediante una comparecencia al menos anual y la existencia de una auditoría externa a mitad de mandato. En cuanto a su financiación, se realizará a través de una tasa a las administraciones públicas que variará en función de sus presupuestos. La institución espera contar dentro de un año, cuando esté a pleno rendimiento, con una plantilla de 70 miembros.