El Parlament, la Generalitat y la Fiscalía recurrirán la absolución del asedio

El Parlamento catalán, la Generalitat y la Fiscalía anunciaron que recurrirán la sentencia de la Audiencia Nacional, que absolvió el lunes a los 19 acusados de asediar el Parlamento catalán durante las protestas del movimiento 15M en junio de 2011.

El fallo ha causado una mezcla de rabia, sorpresa e indignación entre buena parte de las fuerzas políticas catalanas, sobre todo las más conservadoras, que consideraron que la resolución judicial ha «menospreciado» a la cámara catalana, según afirmó la presidenta de la institución, Núria de Gispert. Desde las formaciones nacionalistas deslizaron que si las protestas que se vivieron a las puertas del Parlamento autonómico -los manifestantes bloquearon el paso a los diputados, a los que insultaron y zarandearon- se hubieran producido en el Congreso, la sentencia habría sido condenatoria.

«Da la impresión de que dan poca importancia a lo que pasó», apuntó De Gispert. El Parlamento catalán, personado en la causa, reclamaba tres años de cárcel para los acusados. «El recurso es necesario para defender la dignidad de la cámara y para que hechos como estos no se vuelvan a producir», añadió. La democristiana dijo que no puede «olvidar» los acontecimientos porque hubo «agresiones, violencia e intimidación, y una voluntad clara de despreciar el Parlamento y de no permitir la entrada de sus representantes». De Gispert, junto a Artur Mas, tuvo que acceder en helicóptero. «La no defensa del Parlamento -aseguró sobre la sentencia- no es digna». «Lo que no puede ser es que no haya pasado nada o que se menosprecie la situación de amenazas y de intimidación» que se produjeron, remató. La cámara catalana anunciará hoy la decisión final sobre el recurso, que no contará con el apoyo unánime de los grupos catalanes, ya que ICV y CUP se oponen, y Esquerra se abstendrá.

El Gobierno catalán se mordió la lengua y se mostró menos contundente a la hora de explicar por qué recurrirá el fallo. La Generalitat, que también reclamó tres años de prisión, expresó eso sí su «sorpresa» por el contraste entre «lo que todo el mundo vio» aquel día y que ahora el tribunal considere estos hechos como no probados. «El derecho a la manifestación lo hemos preservado siempre, pero no compartimos los excesos que se produjeron», afirmó el portavoz del Ejecutivo autonómico, Frances Homs.

Durante el juicio, Mas declaró que nunca vio tanta violencia como en aquella jornada. Sin embargo, la sentencia absolvió a los 19 acusados de un delito contra las altas instituciones del Estado, dictaminó que no hubo atentado alguno o asociación ilícita de los participantes en la concentración y estimó que en este caso debe prevalecer el derecho de manifestación de los concentrados, aunque en algún momento pudieran incurrir en algún exceso. Aquellos hechos «no tenían nada que ver con la libertad de expresión», dijo ayer Homs. «Hay cosas que no deberían pasar y no estamos dispuestos a que pasen», aseguró. La sentencia recoge además una crítica a los Mossos d'Esquadra por el operativo desplegado durante los disturbios, algo que sentó como un rayo al Gobierno catalán. «Si al final resulta que la culpa fue de los Mossos, apaga y vámonos», concluyó Homs.

Afectó a la soberanía

En lo que se refiere a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que solicitaba cinco años y medio de cárcel para los acusados, el fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, que ayer se reunió con Mas, justificó el recurso al fallo en el hecho de que los disturbios constituyeron «hechos muy graves que afectaron a la soberanía democrática del Parlamento».

En Madrid también hubo contrariedad ante el fallo. El ministro del Interior, Jorge Fernñandez Díaz, mostró su «radical y absoluto desacuerdo». La portavoz de Unión, Progreso y Democracia, Rosa Díez, acusó a la Audiencia Nacional de «proteger la impunidad» al «justificar el acoso» que sufrieron los diputados del Parlamento de Cataluña. El PP afirmó que nadie comprende la sentencia y que lo mejor de ella es que es «recurrible». El PSOE se limitó a «respetar las decisiones judiciales», mientras que la IU aplaudió la decisión judicial porque refuerza el derecho de libertad de reunión. Podemos fue más allá y comparó el asedio, una «desobediencia civil no violenta», con la lucha de los negros por sus derechos en Estados Unidos y la conquista del voto femenino.