Una docena de detenidos en Andalucía por el fraude en los cursos de formación

La Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía realizó ayer las primeras detenciones en la investigación por el supuesto fraude de ayudas públicas para cursos de formación para parados. La operación se ha saldado de momento con 12 detenidos entre Málaga y Granada, aunque habrá más en las próximas horas ya que la Fiscalía pidió la imputación de hasta 25 personas en esta causa.

Los detenidos, a los que se sigue la pista desde hace más de un año, son responsables de las empresas de formación que cobraron ayudas de la Junta de Andalucía entre 2009 y 2010 por un importe cercano a 1,7 millones de euros. La investigación policial del conocido como 'caso Edu' salió a la luz la pasada Semana Santa y motivó incluso la petición de explicaciones desde la Unión Europea por si el fraude correspondía a sus fondos. Las pesquisas pusieron de relieve irregularidades en la concesión de las ayudas en las ocho provincias andaluzas, tipificados por la Fiscalía como fraude en las subvenciones, estafa, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias, señalando por tanto a los funcionarios y responsables del organismo que otorgó las subvenciones.

Los agentes comprobaron la falta de control a la hora de conceder el dinero público. Los beneficiarios serían empresas 'caza subvenciones' creadas casi 'ex profeso' para captar las ayudas, o entidades sin experiencia que recibían de inicio el grueso de la subvención, el 75%, el 25% se percibía una vez justificada la celebración de los cursos. La declaración de casi dos centenares de supuestos alumnos permitió descubrir una retahíla de anomalías, como el incumplimiento del compromiso de contratación del alumnado, el engorde de facturas, el falseamiento de las listas de alumnos, la no impartición de los cursos o incluso que estos estuvieran a cargo de monitores sin cualificación.

La Fiscalía pidió a los jueces de cada provincia que abrieran diligencias tras la negativa de la Audiencia Nacional a asumir la causa y unificar la investigación. La supuesta filtración de una investigación policial que entonces ni siquiera estaba judicializada provocó un rifirrafe entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central, al que el Ejecutivo autonómico acusó de dar a conocer los datos de forma interesada y partidista y desmintió que el fraude se elevase a 2.000 millones, como trascendió inicialmente. La Policía solo pidió a la administración autonómica información sobre 17 expedientes de ayudas en 2010 por un importe de 1,5 millones de euros.