Junta y PP se disputan la solución para 800 agentes de empleo despedidos

La confrontación política entre Juanma Moreno y Susana Díaz tuvo ayer un episodio con el protagonismo de los antiguos agentes locales de promoción de empleo (Alpe) despedidos por la Junta de Andalucía en 2012. Representantes de estos tenían previsto reunirse hoy con la presidenta de la Junta para tratar sobre su situación, después de que el Tribunal Supremo esté dictando sentencias declarando nulos los despidos y obligando a a su readmisión en la administración autonómica. Pero a última hora el Gobierno andaluz cambió de interlocutor y los exempleados públicos serán recibidos por el consejero de Economía, Innovación y Empleo, José Sánchez Maldonado, según confirmaron fuentes de su consejería.

Este cambio se ha producido después de que representantes de los Alpe se reunieran con el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, en la mañana de ayer. Uno de estos representantes expresó a este periódico haber recibido presiones de alguien del PSOE que no identificó para que no acudiera a la cita con el PP, partido que a través de la diputada Teresa Ruiz Sillero ya los invitó hace dos semanas al Parlamento.

La convocatoria de Moreno a la prensa la hizo rodeado de los representantes de este colectivo. Moreno calificó su situación de «tremendamente injusta» y pidió a la presidenta que sea «justa y sensata» y ordene paralizar los recursos de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía para cumplir cuanto antes las sentencias. Exigió a Díaz que diga la fecha de las readmisiones y abra «una vía de diálogo».

Tachó a la presidenta de «soberbia» y le instó a «pedir perdón» a los andaluces pues si se hubieran readmitido los exempleados la Junta se habría ahorrado 12 millones de euros. Moreno se mostró convencido de que los antiguos Alpes volverán a trabajar en la administración andaluza pronto y él habrá contribuido a ello. «Soy un adalid de arreglar problemas», afirmó.

El colectivo lo integran 787 empleados (90 de ellos directivos) que estaban empleados en 97 Consorcios de Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt) con contratos laborales indefinidos. El Gobierno andaluz incluyó la supresión de estos consorcios (con participación de los ayuntamientos) en el plan de ajuste presentado en 2012 al Gobierno central para cumplir con el objetivo del déficit público.

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE), antes de que se liquidaran los consorcios, procedió a despedir a los trabajadores una vez que el Ministerio de Trabajo redujo la financiación del programa de 35 a 1 millón de euros en 2012. El consejero de Economía entonces, Antonio Ávila, y el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, se entrevistaron con la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, en un intento de recuperar la financiación, pero les fue denegada.

Réplica del consejero

«El PP hizo oídos sordos en la Ley de Presupuestos del Estado de 2012 y en la de 2013 a una proposición socialista para que no se llegara a esta reducción y no hubiera que despedir a este colectivo», recordó ayer el consejero de Economía, José Sánchez Maldonado. Este se mostró estupefacto por que el PP quiera ahora colgarse una medalla con la readmisión de los trabajadores. «Ahora quieran aparecer como los que han solucionado el problema. La solución la va a dar la Junta, pero el culpable fue el PP y están los datos y la hemeroteca», añadió.

Gobierno y oposición se disputan ahora la simpatía del colectivo, pero antes de que los tribunales les hayan dado la razón, estuvo dos años de protesta en protesta sin que casi ninguno le hiciera caso. El consejero obvió que el Supremo ha dado un varapalo tras otro a la Junta por los despidos improcedentes.

Mientras el presidente del PP-A llegó a insistir en el despilfarro y el necesario adelgazamiento de la administración paralela no percantándose de que los empleados frente a él cuya readmisión estaba defendiendo pertenecían a esta.