Urdangarin, al borde del harakiri judicial

Nadie en los juzgados de Palma se explica la estrategia de defensa de Mario Pascual Vives, el abogado de Iñaki Urdangarin. Cuando el entonces yerno del Rey fue imputado a finales de 2011 todo el mundo dio por hecho que, más pronto que tarde, Vives se apresuraría a tratar de pactar con la Fiscalía una salida judicial digna para su cliente. Pero el duque y su abogado siguen sin mover ficha a pesar de que el juez ha agravado las acusaciones contra el imputado y a pesar de que la confesión del contable arrepentido ha dejado al exdeportista en una situación procesal aún más insostenible.

Todo el mundo pensó que el letrado catalán y Urdangarin -como hacen la gran mayoría de los defensores de los imputados por delitos fiscales y corrupción, atrapados por una marea de pruebas documentales- se avendrían a reconocer al menos parte de la culpa y devolver aunque fuera una porción muy importante del dinero supuestamente defraudado o malversado. Cualquier cosa en busca de las clásicas eximentes (colaboración con la justicia, arrepentimiento espontáneo o reparación del daño) para rebajar grados y conseguir una reducción de años en el escrito de acusación que, aunque no llegara a librarle de la cárcel porque los delitos son muchos y muy graves, le garantizara que el paso por prisión fuera liviano.

Pero nada de eso ha sucedido. Ni una «oferta seria» de colaborar. «Solo estériles tanteos». Nada de verdad ni siquiera ahora que el juez José Castro, en su escrito de conclusión del sumario que hizo público el pasado 25 de junio, le imputa al cuñado de Felipe VI más delitos y más graves aún de los que le adjudica la propia Fiscalía (prevaricación, malversación, fraude a la administración, tráfico de influencias, dos fraudes fiscales, estafa, falsedad en documento oficial y falsedad en documento mercantil). Una losa de cargos que podrían comportar una petición de cárcel de entre 8 y 34 años, muy por encima de los 17 años de máximo que baraja Anticorrupción.

La reacción de Vives a aquel extensísimo 'escrito acusatorio' ha sido la de presentar un recurso de apenas 16 folios en los que, más allá de insinuar que el juez prevarica al perseguir a su cliente, no hay asomo de arrepentimiento y muy poca literatura para tratar de exculpar a Urdangarin. De hecho, lo inculpa aún más. En un desliz, el letrado llega a admitir que su cliente se llevó a su bolsillo casi un millón de euros de dinero público de las administraciones de Baleares y Valencia, a través de Aizoon, la empresa fantasma que compartía con su esposa. Eso sí, argumenta, ese dinero no fue desviado a la empresa, que no tenía ni empleados, sino que se lo ganó Urdangarin.

Informes irrebatibles

El letrado catalán insiste en no reconocer nada y en presentar al duque como un hombre de negocios que ni siquiera llegó a cometer los delitos fiscales que Hacienda ha documentado hasta la saciedad con decenas de informes irrebatibles. Se mantiene en la misma estrategia desde finales de 2011 aunque el panorama es totalmente diferente y hay en la causa más de 30.000 páginas de pruebas que implican hasta las cejas a Iñaki Urdangarin y, quizás, a su mujer.

La gran incógnita ahora es saber si Vives y Urdangarin van a seguir erre que erre después de la demoledora confesión realizada esta semana del contable de la trama y cuñado del socio del duque, Marco Antonio Tejeiro. El arrepentido, en tan solo ocho folios, ha confirmado punto por punto todas las acusaciones contra el marido de la infanta: que él, con Diego Torres, dirigía el entramado de Nóos; que todo fue urdido por ambos desde el principio con la idea de saquear fondos públicos; que Aizoon desde su nacimiento fue concebida como una maquina para desviar dinero público a bolsillos privados y defraudar...

Todas las partes del 'caso Nóos' coinciden en que, de una tacada y cuando ya se había dado por terminada la instrucción, Tejeiro ha cavado bien profunda la tumba de Urdangarin, quien, no obstante, ya llevaba dos años y medios haciéndose un harakiri judicial.

Y todo ello a pesar de los avisos velados y no tan velados de que la Audiencia Provincial de Palma no está teniendo compasión en sus sentencias con los corruptos que no 'cantan'. Que a ese tribunal, que sí que se muestra compasivo con los 'arrepentidos', no le tiembla la mano para condenar a los que no pasan por el aro, como ha ocurrido con el exconsejero balear del PP de Comercio, Industria y Energía Josep Joan Cardona, a quien la Fiscalía acusó de delitos casi idénticos a los de Urdangarin, y le ha caído la ristra de 16 años de cárcel, confirmados hace poco por el Supremo.