La incertidumbre de los impuestos medioambientales

Corresponsabilidad. Esa es la palabra bajo la que el Gobierno se escuda al hablar de impuestos medioambientales. Unos tributos cuya competencia recae principalmente en las comunidades autónomas y que constituyen una de las mayores incertidumbres de la reforma fiscal. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, nunca ha negado la posibilidad de incrementar las tasas medioambientales para acercarlas a las cifras europeas. Sin embargo, el Ejecutivo no quiere dar la sensación de subir de nuevo los impuestos y delega esa decisión en las autonomías mediante la corresponsabilidad. Y es que al final, gran parte del éxito de la reforma fiscal está en manos de los gobiernos regionales.

La llamada imposición verde en España no está muy desarrollada. De hecho, es el tercer país de la UE que menos recauda por impuestos medioambientales. Apenas suponen un 5,2% de sus ingresos fiscales frente a la media comunitaria del 6,2%. Por supuesto está a años luz del 8,4% que alcanzan en Dinamarca o el 10,3% en Holanda.

La comisión Lagares apostó claramente por incrementar o crear impuestos medioambientales estatales como fórmula para compensar la bajada de los tributos directos. En concreto aconsejaba, por ejemplo, elevar el Impuesto sobre la Electricidad.

A pesar de las reticencias, al Gobierno no se le escapa que esta es una herramienta muy oportuna para incrementar la recaudación en tiempos donde reducir el déficit es prioritario. Así, en el Plan de Estabilidad presentado a Bruselas contempla un aumento de la recaudación de los impuestos medioambientales y especiales de 2.000 millones entre el año 2015 y 2016. El Ejecutivo intenta aferrarse a la mejora de la recaudación debido a la incipiente recuperación económica para justificar dicha subida. Sin embargo, parecen cifras demasiado elevadas para responder solo a eso.

La fiscalidad verde también supone una cada vez más importante vía de financiación para las comunidades. Prácticamente todas tienen impuestos medioambientales propios que gravan numerosos aspectos: la emisión de gases a la atmósfera, los depósitos de residuos peligrosos, el daño medioambiental causado por determinados usos y aprovechamientos del agua embalsada o por la eliminación de residuos en vertederos.

Alcohol e hidrocarburos

La reforma tampoco contempla ninguna variación relevante sobre impuestos especiales. Sin embargo, los expertos recuerdan que el Impuesto sobre Hidrocarburos o el del alcohol se encuentran también por debajo de la media europea a pesar de los incrementos realizados en los últimos años.

Sin embargo, los impuestos especiales también disfrutan de beneficios fiscales por valor de 826 millones de euros para 2014. La mayor parte tienen que ver con el Impuesto sobre Hidrocarburos (796 millones de euros) seguido muy de lejos por el Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas (30 millones).

En cualquier caso, habrá que esperar a la aprobación definitiva de la reforma fiscal y sobre todo, a la reunión posterior entre el Ministerio de Hacienda y las comunidades para conocer qué pasa exactamente con la imposición verde.