El Supremo no ve indicios de momento para investigar a Ignacio González

El Tribunal Supremo acordó ayer no admitir a trámite dos querellas presentadas contra el presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. La acción penal fue ejercida por la Asociación de Afectados por la Gestión de Telemadrid, extrabajadores del canal, y el Partido Socialista de la región en relación al supuesto blanqueo de capitales en la compra de un ático en Marbella (Málaga).

La Sala Segunda consideró que las querellas no contienen ningún dato objetivo que justifique la apertura de un procedimiento penal contra González y determinó que el proceso debe continuar en el juzgado de instrucción de Estepona donde se investiga si la compra de la vivienda fue un regalo de empresarios al presidente madrileño.

El tribunal aprovechó su auto para recordar su doctrina general sobre el momento en que debe asumir el Supremo la investigación sobre un aforado como Ignacio González. Explica que «no basta la mera imputación personal del aforado para que el instructor suspenda inmediatamente la instrucción y remita la causa al órgano competente, sino que puede y debe investigar hasta alcanzar indicios fundados que justifiquen dicha imputación».

Esto es, que deja en manos de la juez de Estepona la remisión o no de una exposición razonada al alto tribunal si al final de su instrucción encuentra indicios contra el presidente de la Comunidad de Madrid. Por ello agrega que, de acuerdo con resoluciones previas de la Audiencia Provincial de Málaga, la no admisión de las querellas no afecta a la investigación del citado juzgado de Estepona.

Informaciones de prensa

El razonamiento jurídico de la Sala de lo Penal se basa en que los hechos relatados por la acusación no revisten indicios de delito y añade que en algunos casos se centran solo en informaciones periodísticas, sin que la querella aporte otros elementos de cargo, por lo que no cabe hablar de un verdadero ejercicio de la acción penal sino de la «mera remisión» al tribunal de noticias aparecidas en prensa.

El fiscal ya avanzó su oposición a abrir una causa porque la querella de los extrabajadores de Telemadrid «tiene mucho de prospectiva y poco de relato cierto de contenidos, cantidades, perjuicios y relaciones». De igual modo, apoyó que la juez de Málaga agotase la investigación.

Este colectivo incluía delitos de cohecho, blanqueo, prevaricación y administración fraudulenta en la compra del ático por parte de la familia de Ignacio González en una urbanización de Marbella.

Por su parte, el Partido Socialista de Madrid (PSM) relató que el querellado percibió una comisión ilegal que le habría abonado el empresario Fernando Martín, propietario de Martinsa, por diferentes actuaciones urbanísticas en los municipios madrileños de Arganda del Rey y Colmenar de Oreja. Además, según el PSM, el empresario y presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, habría puesto a disposición del presidente autonómico del PP un asesor jurídico para crear un entramado de empresas a través del cual podría ocultar la propiedad del inmueble.

En mayo pasado, la Audiencia de Málaga corrigió a la juez de Estepona al levantar la imputación de Lourdes Cavero, esposa de González, y al representante de la sociedad Coast Investors, asentada en el Estado de Delaware (EE UU), desde donde se sospecha que se pagaron 600.000 euros en negro del lujoso ático. El tribunal dijo entonces que, de momento, no había «datos fácticos o indicios de criminalidad reveladores de delitos contra la hacienda pública y de blanqueo de capitales».