La Ley de Dependencia, en estado crítico

Casi una de cada cinco personas dependientes en España no recibe la ayuda que necesita. Concretamente, cerca de 200.000 de los 924.000 españoles valorados como tal se ven privados de la atención que requieren. Esa es una de las conclusiones más destacadas del primer informe del Observatorio de la Dependencia de España, integrado por patronales y sindicatos, que se presentó ayer y que arroja un panorama alarmante. Retrasos en la evaluación y en la concesión de las prestaciones, carencia de personal con la cualificación necesaria y una deficiente financiación que repercute en los más necesitados en momentos en los que la pirámide poblacional se ha invertido y en la que, según se encargaron de recordar los firmantes del VI Convenio Estatal de la Dependencia, quienes ahora nacen cuentan con una esperanza de vida cada vez mayor, por lo que es de prever que el porcentaje de población que precisará de estos cuidados no hará sino aumentar en el futuro, son algunos de los factores que ponen en «grave riesgo» la viabilidad del Sistema de Atención a la Dependencia.

El plazo medio de resolución de las demandas de ayuda asciende a 210 días, pero la situación es muy diferente dependiendo de la comunidad autónoma de que se trate. En algunas, como Andalucía, Extremadura y la Comunidad Valenciana, se eleva a más de 300 días. Canarias, Murcia, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha o Galicia se sitúan también entre las que más retrasan la concesión de las prestaciones a los dependientes, mientras que Asturias no aportó los datos requeridos al Tribunal de Cuentas, por lo que este organismo la incluye también entre las más remisas a dar las ayudas.

Según se desprende del informe, algunas comunidades autónomas retrasan el reconocimiento de la prestación a que tiene derecho el dependiente hasta que no disponen de la financiación suficiente para hacerla efectiva. En otros casos, las autonomías no satisfacen su parte correspondiente. Así, mientras el Estado aporta casi el 50% del presupuesto invertido en dependencia y cerca de otro 20% procede del copago de los ciudadanos, las comunidades asumen «escasamente» el 30% del dinero invertido, según subrayó José Alberto Echevarría, presidente de la Federación de Empresarial de la Dependencia. Un dato que los autores del informe facilitan pese al «oscurantismo» de las autonomías en este sentido.

Pero los retrasos en la concesión de las ayudas no son el único lastre que arrastra la aplicación de la Ley de la Dependencia. Siete años después de su aprobación por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la norma ha sido incapaz de generar los puestos de trabajo que se preveían y, además, los que se han creado son en buena parte precarios y de carácter temporal. Así lo puso de manifiesto Pilar Navarro, secretaria del área de Salud, Sociosanitario y Dependencia de FSP-UGT, quien destacó que «las expectativas no han sido cubiertas».

A lo largo de los últimos años se han creado unos 110.000 empleos en el sector, ocupados en su inmensa mayoría por mujeres, con salarios que suelen moverse entre los 800 y los 1.000 euros, pero un 42,81% de los servicios los prestan cuidadores no profesionales, en tanto que el 13,95% corresponde a atención residencial, el 12,71% al Servicio de Ayuda a Domicilio a la Dependencia y el 12,53% a la teleasistencia. Además, se ha constatado una reducción paulatina de las personas ocupadas en estos quehaceres y, si en 2010 eran un total de 184.000, para alcanzar un pico de 218.000 dos años después, en los primeros meses de 2014 el número ha bajado hasta 178.000. Es decir, en apenas dos años se han reducido en 40.000 los puestos de trabajo, al tiempo que 55.000 plazas residenciales permanecen vacías y se han cerrado cerca de 400 residencias por problemas económicos.

«Se ha avanzado poco en la profesionalización del sector», resaltó Vicente Sánchez, de CC OO, quien incidió en la necesidad de «actualizar el sistema de reconocimiento de los títulos de los certificados requeridos en función de la realidad observada». Algo que se antoja imprescindible ante las cerca de 700 normas desarrolladas por las comunidades autónomas en torno al sistema de dependencia y la ausencia de una normativa estatal en materia de acreditación de los profesionales. Y para poner en valor esta necesidad, un solo dato: si el porcentaje de cuidadores no profesionales que atienden actualmente a dependientes se tradujese en servicios de residencia se crearían 125.000 nuevos empleos.

del presupuesto de dependencia es aportado por el Gobierno central.