El Gobierno insiste en que las indemnizaciones por despido tributen en el IRPF

El Gobierno no tiene intención de eliminar la tributación de las indemnizaciones por despido que recoge el anteproyecto de la reforma fiscal, aunque deja la puerta abierta para incrementar los umbrales de exención. «El Ejecutivo cree necesario que las indemnizaciones por despido tributen porque si no se produce un agujereamiento de las bases imponibles», aseguró ayer el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, que insistió en que la propuesta del Gobierno «cubre el 80% de las indemnizaciones que se han producido en los últimos años» y recordó que el 20% restante se grava «de manera progresiva».

Sin embargo, ante la polémica generada por esta medida, Ferre aseguró tras intervenir en unas jornadas de Fedea sobre la reforma fiscal que están dispuestos a introducir cambios. «Seguimos abiertos a escuchar las aportaciones concretas de los agentes sociales, tanto de sindicatos como de organizaciones empresariales». En este sentido, podría incrementarse el umbral de exención de los 2.000 euros por año trabajado (equivalente a un sueldo de 20.000 euros anuales) a unos 4.000 euros. En cualquier caso, los despidos producidos desde el 20 de junio -fecha en que se aprobó el anteproyecto- tendrán que tributar.

Repecto a la lucha contra el fraude, el Gobierno descarta incluir junto con la lista de morosos del fisco la de defraudadores, una medida demandada tanto por los técnicos como por los inspectores de Hacienda. Ferre insistió en que se trata de una información «pública» a través de las sentencias judiciales.

No está cerrada

En cualquier caso, el secretario de Estado insistió en que la reforma fiscal no está cerrada. «Creemos que es bueno que instituciones aporten y hagan su aportación durante el periodo de información pública». Sin embargo, dejó claro que existen ciertos límites: «Hay aspectos estructurales en el anteproyecto que son necesarias».

Por otro lado, el Gobierno relativizó los datos de Funcas conocidos el martes sobre que el 30% de los contribuyentes (5,7 millones de personas) no notaría la bajada de impuestos. En concreto, el Ejecutivo asegura que el estudio de la fundación de las Cajas de Ahorro se basa en una una muestra de un millón de contribuyentes, mientras que ellos lo hacen sobre 20 millones de declaraciones. Además, critican que el estudio solo tenga en cuenta la primera parte de la reforma, es decir, las modificaciones de 2015 y no las de 2016.