La resolución de ayudas de la Ley de Dependencia tarda en Andalucía más de 300 días

El plazo medio de resolución de las demandas de ayuda de la Ley de Dependecia asciende en Andalucía, Extremadura y la Comunidad Valenciana a más de 300 días, 90 más de lo que tardan en resolverse en el resto de España.

Casi una de cada cinco personas dependientes en España no recibe la ayuda que necesita. Concretamente, cerca de 200.000 españoles se ven privados de la atención que requieren. Esa es una de las conclusiones más destacadas del primer informe del Observatorio de la Dependencia de España, integrado por patronales y sindicatos, que se presentó ayer y que arroja un panorama alarmante. Retrasos en la evaluación y en la concesión de las prestaciones, carencia de personal con la cualificación necesaria y una deficiente financiación que repercute en los más necesitados en momentos en los que la pirámide poblacional se ha invertido y en la que, al aumentar la esperanza de vida, por lo que es de prever que la población que precisará de estos cuidados aumentará, son algunos de los factores que ponen en «grave riesgo» la viabilidad del Sistema de Atención a la Dependencia.

Según el informe, algunas comunidades retrasan el reconocimiento de la prestación a la que tiene derecho el dependiente hasta que no disponen de la financiación suficiente para hacerla efectiva. En otros casos, las autonomías no satisfacen su parte correspondiente. Mientras el Estado aporta casi el 50% del presupuesto invertido en dependencia y cerca del 20% procede del copago de los ciudadanos, las comunidades asumen solo el 30%.

Más lastres

Pero los retrasos en la concesión de las ayudas no son el único lastre que arrastra la aplicación de la Ley, pués de su aprobación por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la norma ha sido incapaz de generar los puestos de trabajo que se preveían y, además, los que se han creado son en buena parte precarios y de carácter temporal.

A lo largo de los últimos años se han creado unos 110.000 empleos en el sector, ocupados en su mayoría por mujeres, con salarios que suelen moverse entre los 800 y los 1.000 euros, pero un 42,81% de los servicios los prestan cuidadores no profesionales, en tanto que el 13,95% corresponde a atención residencial, el 12,71% al Servicio de Ayuda a Domicilio a la Dependencia y el 12,53% a la teleasistencia. Además se han cerrado cerca de 400 residencias por problemas económicos.