Wert asegura que la Lomce no generará deuda a las comunidades

A las comunidades no les salen las cuentas. Ni económicas ni de plazos. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, se reunió ayer con los consejeros autonómicos en la última Conferencia Sectorial de Educación antes de la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) para presentarles su propuesta de distribución de los 964 millones para la implantación de la norma hasta 2017, y no fue fácil. Entre los consejeros de las comunidades contrarias a la ley, se respiraba un ambiente de indignación incluso antes de entrar a la reunión con el ministro.

Sin embargo, Wert señaló a la salida de la reunión que el Gobierno «está trabajando para facilitarles la vida» a las comunidades autónomas y que la implantación de la Lomce no les generará deuda por la financiación que reciban del Fondo Social Europeo, un asunto que había sido criticado a la salida de la reunión por algunos consejeros autonómicos. «No va a haber incremento de deuda porque ese gasto inicial da lugar a un crédito por el mismo importe que se ha hecho efectivo», explicó el ministro.

Respecto a las declaraciones del consejero de Educación de Castilla-La Mancha, Marcial Marín, que sentenció al salir de la reunión que «las comunidades que no estén de acuerdo con la ley podrían dar el dinero a las que queremos mejorar la educación en España», Wert dejó claro que «ninguna comunidad manifestó en el seno de la conferencia su voluntad de no aplicar la norma», por lo que toda España comenzará a aplicar la nueva ley en septiembre con el inicio del curso 2014-2015.

Las fechas de aplicación fue otro de los puntos más criticados. Durante la mañana, los consejeros de Andalucía, Canarias y Asturias -Luciano Alonso, José Miguel Pérez y Ana González, respectivamente- explicaron que «las prisas» para que la ley entre en vigor en septiembre demuestran que la Lomce es «improvisación tras improvisación». En cambio, el titular de Educación, que lamentó que algunas comunidades «ni siquiera han esperado a escuchar las explicaciones de la reunión para hablar con los medios», explicó que la determinación de los plazos no le corresponde al Gobierno porque «ha sido Bruselas la que ha tenido que aprobar el presupuesto».

Así, el ministro Wert anunció que «es la primera vez» que la UE dedica una parte importante de fondos estructurales a objetivos temáticos como la inversión en educación, lo que contribuirá a ayudar a conseguir una «disminución del abandono educativo temprano». El ministro, que recordó el trabajo «ingente» que ha supuesto el acuerdo con los ministerios de Empleo y Hacienda, aseguró que la financiación de la Lomce ha tenido en cuenta dos etapas. Por un lado, el periodo de «implantación» hasta 2017, que corresponde a la puesta en marcha de la nueva norma y que supondrá un desembolso de 964 millones, más del doble de lo planteado inicialmente en la memoria económica del proyecto de ley. De esa cantidad, 614 millones procederán de ayudas del Fondo Social Europeo, y el resto de los presupuestos del propio Ministerio de Educación. A partir de ese momento, comenzará la segunda etapa que contempla la financiación de la ley, hasta 2020, en el que se prevén 400 millones anuales que deberán pagarse a través de «ayudas y cofinanciación», es decir, cada región aportará una parte de esa cantidad. En total, la Lomce costará aproximadamente 2.200 millones hasta 2020.

Sin embargo, Cataluña, Asturias, Andalucía y Canarias manifestaron su rechazo al modelo de financiación propuesto por el Gobierno. Así, la consejera catalana de Enseñanza, Irene Rigau, le pidió a Wert que «priorice» las cuestiones importantes que debe tratar antes de la entrada en vigor de la Lomce. La consejera lamentó que las ayudas de los libros de texto hayan «desaparecido» con el Gobierno del PP, algo que era «básico» para muchas familias. Además, Rigau aseguró que la Lomce presenta unas dudas «de gran dimensión» que incluso son «más importantes» que la cantidad de dinero que Wert va a entregar a Cataluña para la puesta en marcha de la reforma.

También la consejera de Educación del País Vasco, Cristina Uriarte, manifestó que la financiación se ha aprobado «deprisa y sin contar con nadie». Sin embargo, la consejera vasca reconoció que el dinero que el Ministerio le ha asignado a su comunidad es «suficiente» para hacerse cargo de la implantación de la Formación Profesional Básica, aunque lo importante, según Uriarte, es que les dejen gestionar ««de una manera razonable» esos recursos.