Wert y las comunidades discuten cómo se pagará la Lomce hasta 2020

El día que se celebra la Conferencia Sectorial de Educación, varias comunidades siguen sin aceptar la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) y, más aún, sin pasar por alto cuestiones como la financiación de la norma o la eliminación de la asignatura Educación para la Ciudadanía. Es el caso de Asturias, Andalucía, Canarias y País Vasco, regiones cuyos consejeros de Educación han reiterado en multitud de ocasiones su indignación respecto a la ley e incluso su insumisión a los plazos de aplicación.

También la mayoría de la oposición en el Congreso criticó «las prisas» del Ejecutivo para poner en marcha una reforma «sin consenso». Los socialistas reprocharon al ministro de Educación, José Ignacio Wert, que informe a las comunidades de la financiación de la Lomce a menos de tres meses del inicio del curso, cuando ya está cerrada la escolarización. Sin embargo, todos saben que deberán acatar finalmente lo que establezca la nueva norma, con más o menos rigor, precisamente por su implantación en solo dos meses, con el inicio del curso escolar 2014-2015.

El pasado martes el ministro de Educación, José Ignacio Wert, anunció que la implantación de la Lomce costará 964 millones hasta 2017. De esa cantidad, 614 millones provienen de las ayudas del Fondo Social Europeo y el resto del Gobierno central. La mala noticia para las comunidades llegó cuando el titular de Educación explicó que los 1.200 millones de euros del trienio 2017-2020, unos 400 millones anuales, deberán pagarse a través de «ayudas y cofinanciación», es decir, cada región aportará una parte de esa cantidad que, según confirman fuentes de la Consejería de Educación de Asturias, «no pueden asumir». En total, la Lomce costará aproximadamente 2.200 millones de euros hasta 2020.

El País Vasco recula

La Consejería de Educación andaluza, por su parte, advirtió de que «minimizará» los efectos de la Lomce. Así, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, criticó la reforma educativa y acusó al Gobierno de querer «dejar en el camino a cientos de niños porque fomenta la segregación y no defiende la igualdad de oportunidades». Díaz defendió la educación como «espina dorsal del Estado de Bienestar» y como el «factor clave» para alcanzar una sociedad más igualitaria y responsable.

Respecto al coste de la Lomce, Díaz apuntó que la Junta de Andalucía siempre ha hecho «un gran esfuerzo económico» y que en estos años de escasos recursos, siguen apostando por la tecnología en las aulas y manteniendo una media de ordenadores por grupo «que dobla a la de España». Además, el consejero de Educación, Luciano Alonso, señaló a su vez que en su comunidad iban a seguir impartiendo la asignatura de Educación para la Ciudadanía, a pesar de que la ley Wert la haya retirado de su plan de estudios. Sin embargo, otras que se unieron a la iniciativa ahora han tenido que dar marcha atrás. Es el caso del País Vasco, donde hace dos semanas la consejera de Educación, Cristina Uriarte, reiteraba que necesitarían «al menos ocho meses» para poder desarrollar su normativa, por lo que «paralizarían el programa de renovación de libros de texto» hasta que se aprobara el desarrollo curricular.

Pero Uriarte ha tenido que recular. El pasado martes, la consejera vasca anunciaba que llevarían a cabo un cumplimiento «de mínimos» de la Lomce, con el fin de que los alumnos accedieran «sin problemas a las actas y documentos oficiales acreditativos para continuar sus estudios». Uriarte aseguró que cumplirá la ley pero «solo en la medida en que beneficie a nuestro sistema educativo».

Asturias y Canarias, las otras dos comunidades que se declararon insumisas a la norma y que aseguraron que iban a seguir impartiendo Educación para la Ciudadanía, reiteraron que continuarán siendo críticos con la ley educativa y que hoy, en la Conferencia Sectorial, discutirían con Wert el futuro de la misma, «sobre todo en lo relativo a la financiación del periodo 2017-2020», según revelaron fuentes de las consejerías de Educación de Asturias y Canarias. El vicepresidente del Gobierno isleño, José Miguel Pérez, llegó a sentenciar que estas medidas llevan consigo una «enorme carga ideológica» porque supone «la segregación de los alumnos según sus recursos».