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MUNDO

La ONU condena a grupos armados ilegales de Ucrania

El texto aprobado con el voto negativo de Rusia, China y Cuba deplora los secuestros, detenciones, asesinatos, torturas o el acoso a los periodistas

R. C.
GINEBRA.Actualizado:

El Consejo de Derechos Humanos condenó ayer la violencia y abusos cometidos por grupos armados ilegales «con apoyo externo» en las regiones del este de Ucrania (Donetsk y Luhansk), a través de una resolución que Rusia consideró desequilibrada. Pese a la oposición rusa, a la que se sumaron las de China y Cuba, la resolución fue aprobada por 23 votos a favor, mientras que 19 países se abstuvieron.

Segun infoma Efe, el texto condena de la manera más firme las violaciones a los derechos, concretamente los «secuestros, detenciones ilegales, asesinatos, torturas, malos tratos, desapariciones y acoso de periodistas y observadores internacionales» en el oriente de Ucrania.

La resolución fue presentada por la propia Ucrania, que para recibir el apoyo de los gobiernos occidentales tuvo que aceptar retirar la referencia a Crimea como un territorio «temporalmente ocupado». Rusia se anexionó el pasado marzo la península, donde la mayoría de población era de origen ruso y también residía una importante minoría tártara, una comunidad de confesión musulmana.

Al respecto, la resolución pide que se detengan los actos de discriminación y acoso en contra tanto de ucranianos como de tártaros en Crimea, un territorio dirigido por un gobierno autónomo ahora arropado por Moscú.

A través de la resolución aprobada, el propio Gobierno ucraniano pide que se respeten los derechos humanos -en particular en Crimea y en la ciudad de Sebastopol, su capital- en cuestiones relacionadas con la nacionalidad, el derecho de residencia, laboral, a la propiedad y a la tierra. Ello sobre todo en el caso de los ucranianos y tártaros que siguen viviendo allí.

La ONU reveló ayer mismo que tras la anexión a Rusia, 12.000 habitantes de Crimea se han convertido en desplazados internos. En este sentido, el texto lamenta que observadores independientes de derechos humanos no tengan acceso a la península.