ESPAÑA

El Poder Judicial pide flexibilizar la supresión de juzgados

El pleno del Consejo aprueba por mayoría el anteproyecto que regula el funcionamiento de los tribunales y la actividad de los jueces

MADRID. Actualizado: Guardar
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El pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó ayer, por trece votos a siete, las líneas maestras de la futura Ley Orgánica del Poder Judicial, que regula el funcionamiento de los juzgados y tribunales. Pese a las decenas de enmiendas introducidas al anteproyecto del Gobierno, el órgano de gobierno de los jueces avaló los puntos fuertes de la reforma, como el establecimiento de los Tribunales Provinciales de Instancia (TPI) en la nueva organización de la planta judicial del país. «Son adecuados e idóneos, ya que permiten una mayor racionalización y economía de los medios materiales y personales, y contribuye a la seguridad jurídica y especialización», defendieron los vocales.

No obstante, el Consejo propuso flexibilizar el modelo, que traerá consigo la supresión de decenas de partidos judiciales y órganos uniprovinciales, «cuando concurran circunstancias geográficas, demográficas, territoriales, socieconómicas, de volumen de litigiosidad o de carga de trabajo extraordinarias».

Por el contrario, el Consejo reclamó, por 20 votos a uno, la supresión de los planes del Ministerio de Justicia para instaurar una doctrina jurisprudencial vinculante del Tribunal Supremo y pidió no eliminar las juntas de jueces y de los jueces decanos, ya que «es evidente el valor simbólico que tienen como órganos de representación de una misma población». Asimismo, criticó a la instrucción colegiada de los procesos penales, porque «no es una respuesta adecuada» a los objetivos que señala el anteproyecto del Gobierno. «Constituye un sistema disfuncional para una adecuada y ágil instrucción penal», señalaron.

Por último, pidieron reconsiderar la medida de amparo a los jueces y la posibilidad de que constituya un delito contra la Administración de Justicia si continúa la perturbación externa a su actividad. La razón es que «puede chocar con el ejercicio de las libertades de expresión e información». El informe del Consejo no tiene carácter vinculante.