El Gobierno se muestra dispuesto a debatir una restricción del aforamiento

El Gobierno, por primera vez, mostró su disposición a debatir la restricción del aforamiento en España. La vicepresidenta admitió que «probablemente» ya ha llegado la hora de afrontar esta discusión, pero la desligó en todo caso de la concesión del fuero especial que se tramita en el Parlamento para don Juan Carlos y la Familia Real, que no supone, aseguró, «ni inmunidad ni impunidad ni inviolabilidad» para el anterior jefe del Estado.

Hay un alto grado de consenso político en que la cifra de los 10.000 aforados, de los que 5.171 son jueces, 2.407 fiscales y más de 2.000 políticos con cargos públicos estatales y autonómicos, es un asunto que se tiene que revisar porque constituye una excepción a escala mundial. Soraya Sáenz de Santamaría apuntó que es un asunto complejo porque el aforamiento, ya sea ante el Tribunal Supremo o ante los tribunales superiores de justicia de las comunidades, está recogido en algunos casos en la Constitución; en otros en los estatutos de autonomías; y hay un tercer escalón de protegidos por leyes específicas, como la del Poder Judicial, la del Constitucional o la del Tribunal de Cuentas. La limitación, por tanto, supondría una revisión del corpus legal nacional y autonómico a fondo, con la complejidad que eso conlleva.

La vicepresidenta señaló tras la reunión del Consejo de Ministros que los beneficiados suponen «un buen número» y «probablemente haya que hacer una discusión más amplia sobre los términos del aforamiento». Esta posibilidad ya fue apuntada por el PP en el debate del Congreso sobre la concesión del fuero jurídico especial a don Juan Carlos y a los miembros de la Familia Real. El momento parlamentario oportuno puede ser el debate de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se tramitará este otoño, de acuerdo a los cálculos del Ministerio de Justicia.

Esta reforma fue planteada esta semana por casi todos los portavoces en el debate del aforamiento del exjefe del Estado. También el Consejo General del Poder Judicial aprobó un informe en el que aconsejó rebajar la cifra de quienes disfrutan de esta garantía procesal mientras ejercen su función pública. En los principales países occidentales, como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, esta figura no existe o bien está reservada a las principales autoridades, como ocurre en Italia o Portugal.

Ataque a la igualdad

Una solución más drástica fue la que propuso ayer el fiscal del Tribunal Supremo Manuel Dolz, quien defendió la supresión de la figura del aforado porque es «un privilegio que atenta contra el principio de igualdad en la aplicación de la ley» y demuestra «desconfianza» ante los jueces y fiscales naturales.

Sáenz de Santamaría desligó, no obstante, este debate de la figura del rey Juan Carlos y los miembros de la Familia Real, que hasta ahora no tenían esta prerrogativa, y que dentro de diez días la tendrán. La vicepresidenta se empeñó en «hacer pedagogía» y apuntó que la concesión del fuero judicial no implica «ni inmunidad ni impunidad ni inviolabilidad» para don Juan Carlos, doña Sofía, la reina Letizia y la Princesa de Asturias; ni tampoco significa que el aforado no pueda ser juzgado, lo puede ser ante el Tribunal Supremo en el caso de los miembros de la Corona porque son «absolutamente responsables» de su conducta. Otra cosa es el Rey, que en el ejercicio de sus funciones es inviolable e irresponsable, según la Constitución.

La vicepresidenta también defendió el procedimiento parlamentario que se ha seguido, colocar dos enmiendas en una ley de orden administrativo que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial que nada tenía que ver con el aforamiento. Rechazó asimismo las quejas de la oposición de que no ha habido intercambio de pareceres porque «debate, desde luego, ha habido».

Sáenz de Santamaría aprovechó el momento para deslizar una crítica a los socialistas por su abstención, una postura que enfadó en la Moncloa. Sin decirlo, achacó ese criterio a «los problemas internos» que tiene el PSOE por el proceso de sucesión de Alfredo Pérez Rubalcaba en el liderazgo del partido. Afeó además a los diputados socialistas su posición porque niegan al que ha sido jefe del Estado durante 39 años un estatus que ellos tienen.