El Congreso culmina el aforamiento exprés e integral del rey Juan Carlos

En un visto y no visto se acabó el debate. Menos de una semana ha tardado el Gobierno en dotar a don Juan Carlos de un aforamiento singular que impedirá que pueda ser juzgado, no sólo por cuestiones penales sino también civiles, en un tribunal ordinario. De nada han servido los reproches del grueso de la oposición. Los votos del Partido Popular, y de los dos diputados de UPN y Foro Asturias, bastaron para que el Congreso aprobara ayer las enmiendas introducidas de rondón en un texto legislativo que ya se tramitaba en el Parlamento y que nada tenía que ver con la protección jurídica de la Familia Real, una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre medidas racionalización del sector público. El PSOE y CiU se abstuvieron. El resto de los grupos protestaron con un crítico «no».

La posición de los socialistas era ya conocida y también la de UPyD. Ambas fuerzas políticas validaron hace dos semanas la ley de abdicación por la que se aprobó la sucesión automática de Felipe VI al trono, en contra de las fuerzas prorepublicanas. El PSOE tampoco niega que quien ha sido durante 39 años jefe del Estado, su consorte, la consorte del Rey y el Príncipe o la Princesa de Asturias deban contar con algún tipo de aforamiento ante el Tribunal Supremo. Su reproche es al procedimiento empleado, acelerado e inusual. Porque ni siquiera han dispuesto los grupos de las 48 horas habituales para presentar alternativas.

«Los fueros no están para proteger a las personas sino a las instituciones y, en último extremo, a la democracia, para evitar que se altere su normal funcionamiento. Lo que consiguen ustedes con esto -recriminó la socialista Meritxel Batet- es dañar la democracia. Ha habido usurpación de la principal función del Parlamento, la deliberación y el acuerdo». Ese reproche a las formas fue generalizado. También lo pronunció el portavoz de CiU, Jordi Jané. «¿Dónde queda el respeto a los diputados? Esto no es serio», dijo.

La posición de UPyD va más allá. Esta formación lleva meses defendiendo que hay que acabar con los aforamientos, a su juicio, un privilegio inadmisible. De ahí su voto en contra. Irene Lozano acusó al Ejecutivo de perpetrar una «chapuza». «Flaco favor hacen a la institución monárquica, que es lo que nos interesa defender», adujo.

Sin responsabilidad

«Esto -añadió desde el PNV Emilio Olabarría- genera suspicacias y sospechas en la ciudadanía». Eso sin contar con que, desde su óptica, el pleno que aprobó el aforamiento del rey Juan Carlos es directamente «ilegal». Gaspar Llamazares, de IU, entró también en el fondo de la cuestión y reprochó que se quiera convertir al Rey, una vez ha dejado su responsabilidad, en «casi dios».

El caso es que fueron muchas las intervenciones que dieron la pauta de por qué el Gobierno consideraba tan urgente dar este paso. A la vuelta de la esquina al exjefe del Estado pueden esperarle no pocas querellas y demandas en todos los ámbitos. «Lo que haría falta sería una comisión parlamentaria que estudie si ha cometido delitos, y entre ellos crímenes contra la humanidad», espetó el diputado de Esquerra, Joan Tardà, tras relacionar a Juan Carlos de Borbón con Franco, «uno de los genocidas más sanguinarios del siglo XX». «Ha tenido barra libre -dijo también- para hacer lo que le haya dado la gana y su fortuna podría ser cuestionada en los tribunales». Una dirección en la que también apuntó Amaiur.

A la medida le queda todavía el trámite del Senado. Una vez lo pase y se publique en el BOE entrará en vigor.