Incierto futuro para 'Castor' tras la renuncia de ACS a explotar el almacén de gas

Los vecinos de las comarcas del norte de Castellón y sur de Tarragona celebraron ayer el anuncio realizado por la empresa ACS de renunciar a la concesión del almacén subterráneo de gas, conocido como 'proyecto Castor' y ubicado bajo el mar Mediterráneo a 22 kilómetros frente a las costas de Vinaroz. El llenado de lo que sería la mayor reserva gasística española provocó a finales del pasado verano medio centenar de terremotos que provocaron el pánico en esta zona del golfo de Valencia.

La compañía Escal UGS, participada por el Grupo ACS en un 66,67%, comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su renuncia a la concesión de para explotar el almacenamiento subterráneo de gas natural, concedido por le Gobierno el 16 de mayo de 2008. La sociedad estaba obligada a este anuncio después que en julio del año pasado emitió 1.400 millones de euros en bonos para pagar el proyecto 'Castor', frente a los 700 millones inicialmente presupuestados. Ahora está pendiente de que el Banco Europeo de Inversiones y los titulares de los bonos dan su visto bueno a la renuncia al proyecto.

La actividad en la plataforma 'Castor' está paralizada desde hace casi diez meses, momento en que cesaron los terremotos. A principios de 2014, ACS confiaba en que el proyecto pudiera retomar su actividad a lo largo del presente año, según hacía constar en un documento dirigido a la CNMV. En todo caso, ACS había iniciado a comienzo de año la venta de su participación en Escal UGS, valorada en 228,48 millones.

Sin embargo, las esperanzas de poner en marcha 'Castor' parecieron dispararse cuando en mayo se conoció un informe entregado al Ministerio de Industria en diciembre por el Instituto Geográfico Nacional, que afirma que el llenado del depósito de gas submarino, ubicado a 1.759 metros de profundidad, tuvo «relación directa» con los seísmos que afectaron a las costas del sur de Tarragona y norte de Castellón.

Los responsables del Ministerio de Industria mostraron cautela ante lo que pueda pasar con 'Castor'. El titular de la cartera, José Manuel Soria, manifestó que «hay que esperar a ver las condiciones de la renuncia y si ésta es autorizada por el Banco Europeo de Inversiones». En caso que se aprobara la renuncia, Soria añadió que «se actuará según los establecido en decreto de concesión de la explotación».

Industria está pendiente todavía de recibir los nuevos informes solicitados a organismos independientes, estudios que había encargado para garantizar la seguridad del proyecto y conoce la estructura del terreno.

Toda cautela era necesaria después que el pasado mes de octubre, Industria valoró 'Castor' en unos 1.700 millones. Días más tarde, el Supremo fijó en sentencia que el Gobierno debería indemnizar a Escal UGS si cerraba la planta. Lo explicaba al rechazar el recurso del abogado del Estado contra el artículo de adjudicación del proyecto, que fijaba que si el Ejecutivo ordenaba el cierre tendría que pagar el valor de la inversión realizada.

Mientras tanto, desde las organizaciones ecologistas expresaron su satisfacción por la renuncia de la empresa. Sin embargo, Ecologistas en Acción fue más allá al advertir de que «todo parece indicar que, una vez más, serán los contribuyentes quienes sufraguen la cara apuesta por las energías sucias y los proyectos temerarios», a la vez que las empresas responsables «no tendrán ninguna pérdida económica».