La Junta se persona en el fraude de UGT-Andalucía

La operación contra la supuesta trama de facturas falsas de UGT Andalucía acumula ya 16 detenidos, tras el arresto ayer de dos de los responsables de una empresa de fabricación de maletines y bolsos de Alicante. Estos empresarios habían colaborado con el sindicato para inflar o falsear facturas que luego endosaba a la Junta para justificar el cobro de fondos de formación para desempleados y destinarlo a otros fines. El Gobierno de Susana Díaz anunció su personación en la causa como perjudicado.

La Guardia Civil sostiene que esta «práctica ilícita» se mantuvo durante más de una década y «constituyó la principal fuente de financiación» del sindicato andaluz, es decir, que pudo haber financiación irregular.

Los dos nuevos detenidos serán trasladados a Sevilla para comparecer en el Juzgado de Instrucción 9, ante cuyo titular comenzaron ayer a prestar declaración los arrestados el martes en Sevilla, Madrid y Jaén. Diez de ellos quedaron libres, acusados de delitos de falsedad y contra la hacienda pública en su modalidad de fraude de subvenciones. El fiscal anticorrupción no pidió al instructor ninguna medida personal ni de responsabilidad civil para estos diez detenidos, que explicaron al juez que pensaban que estaba actuando dentro de la legalidad al seguir las instrucciones que les dieron desde UGT.

Los otros cuatro arrestados el martes pasarán hoy a disposición judicial. Entre ellos está el responsable de las finanzas y contabilidad del sindicato durante una década, Federico Fresneda, que abandonó su cargo en 2013.

Las pesquisas de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil apuntan a que el sindicato andaluz mantuvo durante 12 años una trama para falsear facturas que luego justificaba ante la Junta de Andalucía, un sistema que se fue perfeccionando con el tiempo y que acabó convertida en la principal fuente de financiación de UGT-A.

Fruto de una venganza

La actual ejecutiva, elegida en enero tras la dimisión del secretario general Francisco Fernández Sevilla a raíz de este escándalo, rechazó tener ninguna contabilidad b y aseguró que las denuncias por el uso de fondos públicos para gastos internos como regalos de maletines falsificados en congresos, comidas o contratación eventual de menores eran fruto de una venganza de antiguos trabajadores perjudicados por un ERE.

De igual forma, el secretario general de UGT , Cándido Méndez, manifestó ayer que en su organización «no se concibe ningún tipo de caja b» y que «los fondos de formación se utilizan para formación».

Mientras tanto, la Junta de Andalucía anunció que se personará en la causa ante los posibles perjuicios para la administración autonómica que pudieran ocasionar este proceso. Asimismo, el Gobierno de Susana Díaz está llevando a cabo un análisis de los 21 expedientes de reintegro para examinar el destino de las subvenciones concedidas al sindicato y «recuperar los fondos públicos que hayan sido indebidamente percibidos por el sindicato». De momento ya hay dos expedientes abiertos finalizados que reclaman el reintegro a las arcas públicos de 1,8 millones para cursos de formación.