El juez coloca al borde del banquillo a la infanta por delitos penados con hasta 16 años de cárcel

El juez José Castro consumó ayer su órdago después de cuatro años de investigaciones. Fueron 167 páginas de un auto de conclusión del sumario del 'caso Nóos' convertidas en un verdadero escrito de acusación en el que el magistrado apunta a que la hermana del rey Felipe VI cometió dos delitos fiscales y un tercero de blanqueo al «colaborar activamente» con las irregularidades que supuestamente orquestó su marido para ocultar a la Agencia Tributaria parte de sus millonarios ingresos por asesorías a multinacionales.

167 páginas que dejan al borde del banquillo y de un largo juicio a Cristina de Borbón, que se enfrentaría a penas de entre 2,5 y 16 años de cárcel. Peor parado sale Iñaki Urdangarin, acusado de una decena de cargos de corrupción -prevaricación, malversación, fraude a la administración, tráfico de influencias, dos fraudes fiscales, estafa, falsedad en documento oficial y falsedad en documento mercantil-. Una acumulación de cargos que podrían comportar una petición de entre 8 y 34 años de prisión.

Pero no serán, ni mucho menos, los únicos que se sentarían en el banquillo tras una investigación recogida en los casi 60.000 folios compilados en los 62 tomos del sumario. Otros 14 de los 32 imputados originarios siguen en el auto de transformación a procedimiento abreviado, una suerte de escrito de procesamiento. Entre ellos, el exsocio del duque, Diego Torres, acusado de ilícitos muy similares de los de Urdangarin; su mujer Ana María Tejeiro; sus cuñados Miguel y Marco Tejeiro; el expresidente balear Jaume Matas; y los ex altos cargos baleares, valencianos y madrileños Pepote Ballester, Gonzalo Bernal, Juan Carlos Alía, Miguel Ángel Bonet, Luis Lobón, José Miguel Aguilar, Jorge Vela, Elisa Maldonado y Mercedes Coghen.

García-Revenga se libra

La única buena noticia ayer para la Casa Real es que el secretario de las infantas y miembro del Instituto Nóos, Carlos García-Revenga, entre otras personas, queda apartado de esta causa al no haber indicios de que participara en el supuesto fraude fiscal del matrimonio a través de Aizoon, la empresa pantalla de la que son copropietarios los duques y que sirvió para cargar los trabajos de Urdangarin a fin de pagar menos impuestos. Según Hacienda, en 2007 Aizoon ingresó 645.453 euros y en 2008 fueron 494.156, pero en realidad la única actividad de la empresa relacionada con su objeto social, el inmobiliario, fue la del alquiler de unos locales por un valor que ningún año superó los 30.000 euros.

Pero Aizoon, detalla el juez, fue mucho más. Fue también la caja central para las «ingentes» compras personales y familiares -viajes, fiestas, hoteles, comidas...- que, según Castro, los duques cargaron a las cuentas de la sociedad como si se tratara de gastos de empresa. Y todo ello con la connivencia y participación de la infanta Cristina.

«Hay sobrados indicios de que Cristina de Borbón y Grecia ha intervenido, de una parte, lucrándose en su propio beneficio y, de otra, facilitando los medios para que lo hiciera su marido, mediante la colaboración silenciosa de su 50% del capital social» de Aizoon, la empresa que al final ha sido el punto débil de la defensa de la hermana de Felipe VI. Sobre todo, después de que en mayo del año pasado la Audiencia Provincial bloqueara cualquier intento de relacionar a la infanta con el Instituto Nóos, la fundación que se llevó 5,8 millones de euros de las administraciones de Baleares y Valencia.

El juez incrédulo

En esencia, Castro deja claro que no creyó ni una palabra de doña Cristina sobre Aizoon cuando compareció en febrero ante él para asegurar decenas y decenas de veces que desconocía todo de la sociedad familiar que gestionaba exclusivamente, dijo, su marido. Que ve imposible, escribe el juez, que ella o la mujer de Torres fueran «simples comisionadas que obedientemente cumplían» las órdenes de sus maridos.

«Los delitos contra la Hacienda pública que se imputan a Urdangarin difícilmente se podían haber cometido sin, cuando menos, el conocimiento y la aquiescencia de su esposa por mucho que de cara a terceros indiciariamente mantuviera una actitud propia de quien mira para otro lado», explica en su auto el magistrado. Es más, abunda Castro, «Cristina de Borbón colaboró activamente con Iñaki Urdangarin en las irregularidades que se estaban cometiendo en el seno de la entidad Aizoon». «La conclusión es inevitable: sin entramado societario no habría delito», apostilla el instructor, quien recuerda que la propia infanta intervino «de manera también directa en la contratación del personal del servicio doméstico», primero en negro y, luego, a nombre de Aizoon.

Y tampoco se cree el juez Castro que la duquesa de Palma no supiera que esos «ingentes» gastos familiares no salían de su propio bolsillo, sino que se endosaban a la empresa inmobiliaria familiar. «Todo indica -concluye el magistrado en su auto- que Cristina de Borbón debió participar activamente, como no puede ser de otro modo, en la organización y presupuestos de esos eventos de incontestable afección personal. Y si ella no los abonaba de su propio peculio y debiera saber que tampoco lo hizo su marido, no pudo pasársele por alto que lo fueron por la entidad mercantil participada por ambos».

Con su habitual sorna, Castro alude a la supuesta eximente por «enamoramiento» detrás de la que la infanta se parapetó en la declaración judicial del pasado febrero. «Si la explicación a esta actitud residía en la confianza, veneración o amor que profesaba a su marido» eso será una cuestión que, explica el juez instructor, deberá dilucidarse en el juicio al que pretende abocar a la hija de don Juan Carlos.