La Guardia Civil sospecha que UGT-A se financiaba con la emisión de facturas falsas

La Guardia Civil sospecha que el sindicato UGT de Andalucía se ha financiado en los últimos doce años gracias al dinero procedente de fondos públicos destinados a dotar de formación a los trabajadores. Un juzgado de instrucción de Sevilla reactivó ayer el caso por las supuestas facturas falsas de la organización sindical y ordenó la detención de 14 personas, entre ellas el extesorero entre 2005 y 2013, Federico Fresneda, y empresarios que habrían colaborado a inflar facturas que luego se endosaban a la Junta de Andalucía. También se registraron las sedes de estas sociedades en Sevilla, Madrid y Jaén. La operación, que se mantiene bajo secreto de sumario, continúa abierta.

Fuentes policiales explicaron que se trata de una segunda fase de la 'operación Cirene', desarrollada el pasado diciembre y que supuso el registro de la sede del sindicato UGT Andalucía y varias fundaciones vinculadas. Los registros de ayer comenzaron a primera hora de la mañana en una empresa de mobiliario de oficina, otra de material gráfico y una agencia de viajes muy conocida en Sevilla encargada de los desplazamientos habituales del sindicato. De forma paralela, se registraron una empresa informática de Madrid que participaba en los cursos de formación del sindicato, y otra de Jaén que proveía de material didáctico para esos cursos.

Las detenciones están vinculadas a estas sociedades, pero también con el departamento de contabilidad de UGT. Así, Fresneda, que fue detenido en su casa de Canarias, fue el responsable de las finanzas sindicales durante la década en la que supuestamente se produjeron las irregularidades bajo la gestión de Manuel Pastrana, aunque no tenía relación con la ejecutiva desde su marcha, como se encargaron de remarcar ayer desde la dirección del sindicato. Junto a él han sido arrestados otros cuatro extrabajadores de la central.

El escándalo de las facturas falsas se destapó el pasado verano, a raíz de que el sindicato de ultraderecha Manos Limpias presentara una denuncia contra los responsables del sindicato por delitos de malversación de caudales públicos, de apropiación indebida y de falsedad en documento mercantil, ante el supuesto desvío de fondos públicos para pancartas y gastos derivados de la huelga general de 2010 contra la reforma laboral promovida por el Gobierno de Rodríguez Zapatero.

Creación del 'bote'

Las denuncias se fueron ampliando hasta en 26 ocasiones debido a una venganza de extrabajadores afectados por el ERE del sindicato, según argumentó entonces la dirección de UGT Andalucía. El escándalo acabó provocando la dimisión del entonces secretario general, Francisco Fernandez Sevilla, que duró apenas medio año en el cargo, y la celebración en enero de un comité extraordinario del que salió la actual ejecutiva.

Las denuncias que llegaron al juzgado, y que tras pasar por manos de la juez del caso de los ERE han recaído como pieza separada en el juzgado 9, ponen de manifiesto cómo supuestamente el sindicato desvió fondos públicos para gastos internos de funcionamiento, desde comidas en la Feria de Sevilla o por el día de la Mujer Trabajadora hasta la contratación de menores como eventuales, y la organización de congresos con cargo a fondos de formación para desempleados. Con la colaboración de proveedores de confianza se inflaron facturas que se acabaron endosando a la Junta de Andalucía, generándose incluso un 'bote' a favor con esa diferencia de costes.

De forma paralela a la investigación policial, la Administración andaluza inició su propia evaluación interna y en la actualidad mantiene abiertos 21 expedientes de reintegro al sindicato por ayudas no justificadas debidamente, con un importe de 15,2 millones de euros. De esta cantidad, ya se han exigido en firme 1,8 millones de euros, según explicó en el Parlamento andaluz el consejero de Economía.