Golpe de gracia a la libertad de prensa en Egipto

El periodismo crítico puede salir muy caro en el Egipto que vino de la mano del golpe de Estado militar del pasado verano, que ayer saldó viejas cuentas con Al-Yasira, el canal que dio voz a la revolución en 2011. Un tribunal egipcio sentenció a penas de 7 y 10 años a tres periodistas de la cadena catarí, que han sido acusados de formar parte de un grupo terrorista y de conspirar, difundiendo noticias falsas, para dañar la seguridad y la unidad egipcia.

En un esperpéntico juicio, en el que la Fiscalía no ha presentado pruebas -al menos públicamente- que sostengan el veredicto del juez Mohamed Nagui Shehata, pero sí ha visualizado vídeos musicales de canciones pop, imágenes de los padres de uno de los periodistas o documentales de caballos, el australiano Peter Greste y el egipcio-canadiense Mohamed Fahmi fueron condenados a siete años de prisión. Como la Policía encontró en casa del egipcio Baher Mohamed, que también trabaja para el canal en inglés de Al-Yasira, un casquillo de bala que recogió del suelo en una manifestación, el reportero egipcio recibió tres años adicionales de cárcel, donde deberá cumplir una década. De la veintena de personas sentenciadas en este caso, doce han sido juzgadas en rebeldía, por lo que han recibido la pena máxima de 10 años. Entre ellos hay dos corresponsales británicos de la cadena, Sue Turton y Dominic Kane, y una periodista holandesa, Rena Netjes, que no tiene nada que ver con la emisora pero que unos días antes había entrevistado a Fahmi. En el grupo también han sido juzgados cinco estudiantes islamistas, con los que la Fiscalía ha intentado vincular a los reporteros para, supuestamente, probar que forman parte de una célula propagandística de los Hermanos Musulmanes. De los estudiantes, tres han sido condenados a siete años, y dos, entre ellos el hijo de uno de los líderes de la Cofradía, han sido absueltos.

Uno de los hermanos del reportero australiano relató ayer a este diario que la familia se encuentra «devastada y muy confundida por la sentencia», pero que piensa apelar el veredicto y «utilizar todos los canales legales posibles para conseguir la liberación de Peter», señaló Mike Greste. Entre los pasos que se barajan para el futuro estaría la petición de un perdón presidencial, aunque en caso de que Abdelfatah el-Sisi quisiera otorgarlo, sólo podría hacerlo cuando la sentencia sea firme y se hayan agotado todos los recursos.

La ministra de Exteriores australiana, Julie Bishop, aseguró ayer que su Gobierno se encontraba «conmocionado» por la severa sentencia que «no apoya las afirmaciones de Egipto respecto a su transición hacia la democracia». Tanto el país austral como Holanda y Reino Unido han convocado a los embajadores de Egipto para protestar por el veredicto.

40.000 arrestados

«El juicio manda un mensaje muy claro a otros periodistas sobre la situación en la que se pueden encontrar si entrevistan a personajes críticos o cubren acontecimientos que las autoridades no quieren», explicó a este diario Mohamed Lotfi, observador de Amnistía Internacional en el proceso, quien aseguró que lo que se ha llevado a juicio ha sido «la libertad de prensa en Egipto».

El veredicto, que puede ser apelado, se percibe como una venganza contra la cadena Al-Yasira y su financiador, Catar, el emirato que otorgó un apoyo más directo al Gobierno del derrocado Mohamed Mursi y los Hermanos Musulmanes. Otro trabajador del canal, Abdula el-Shami, fue liberado la semana pasada tras pasar diez meses detenido sin cargos y sobrevivir a una huelga de hambre.

Sin la atención mediática del juicio de Al-Yasira, cerca de 40.000 egipcios han sido detenidos desde el pasado verano y esperan condena en presidios del país. El veredicto de ayer pone en evidencia la volatilidad de la justicia egipcia, que condenó recientemente al expresidente Hosni Mubarak a tres años de cárcel por malversar fondos, o anuló la condena a 10 años para los policías que mataron a Jaled Said, el joven cuya brutal muerte sirvió de revulsivo para las protestas que encendieron la revolución de 2011, pero que ha condenado severamente -15 años- a activistas como Alaa Abdel Fatah por manifestarse en la calle.