El Gobierno no encuentra aliados en el Parlamento para aforar a don Juan Carlos

La operación parlamentaria para aforar a don Juan Carlos comenzó con mal pie. La Zarzuela quería lograr, al menos, el mismo consenso que se forjó en torno a la ley de abdicación, pero no va a ser posible. El PSOE, que apoyó el trámite legal de la renuncia, se va a abstener en la votación de las enmiendas que introducirán el fuero especial en una ley orgánica que poco tiene que ver con el estatus del exjefe del Ejecutivo. UPyD, que también respaldó la norma sucesoria, se opondrá, al igual que el resto de los grupos de la oposición. En resumen, el PP se queda solo, el escenario menos querido por la Casa del Rey para los primeros pasos de Felipe VI.

Unos por las formas, otros por el fondo y algunos por ambas razones, el aforamiento para el rey Juan Carlos nace con el exclusivo sostén de los populares y el de los únicos diputados de Unión del Pueblo Navarro y el asturiano de Foro. Mariano Rajoy quiso insuflar optimismo desde la ciudad polaca de Gdansk, donde asistió a una cumbre bilateral, a la negociación parlamentaria con el argumento de que hay que «hacer las cosas bien» porque aforar a quien fuera Rey de España durante 39 años es una decisión «lógica y razonable». Es más, auguró que el asunto estará resuelto en dos semanas. Lo estará, sin duda, por la mayoría absoluta del PP en Congreso y Senado, pero sin más apoyos.

La ponencia que estudia «la ley orgánica complementaria de la ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial», de la que se colgará el aforamiento, dio ayer los primeros pasos. Hoy se debatirá y votará su dictamen en la comisión de Justicia de la Cámara baja, y pasado mañana, con toda probabilidad, pasará al pleno del Congreso para su aprobación, y de ahí al Senado para la certificación definitiva. Don Juan Carlos, con este calendario, debería estar blindado ante los tribunales en el ámbito penal y civil en 15 días.

Pero los socialistas echaron un jarro de agua fría sobre los planes gubernamentales. Primero fue Elena Valenciano, vicesecretaria general del partido, la que apreció «problemas» en el procedimiento legislativo. El camino escogido por el Gobierno es introducir en el proyecto de ley que regulará las jornadas laborales, las pensiones y otras cuestiones gremiales de los jueces y el personal de los tribunales. Una establece el aforamiento para don Juan Carlos, su esposa doña Sofía, la consorte del Rey, doña Letizia, y la Princesa de Asturias y su futuro marido. La segunda señala que en caso de que algún juzgado tramite causas en las que estén implicados estos aforados, esas causas se suspenderán cuando entre en vigor la ley y pasarán al Tribunal Supremo.

En la actualidad hay una demanda de paternidad en los juzgados de primera instancia de Madrid interpuesta el año pasado por un ciudadano nacido en 1956 en Barcelona y que alega ser el primogénito del exjefe del Estado. El juez la rechazó, pero está recurrida y será resuelta en septiembre. También hubo otra denuncia en 2012 de una ciudadana belga en el mismo sentido y que fue desestimada.

Nada que ver

Las dudas de Valenciano fueron despejadas por la portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez, quien anunció que los socialistas se abstendrán porque el camino parlamentario elegida por el Gobierno para el fuero especial del rey «no es el apropiado» ya que las enmiendas «nada tienen que ver» con el asunto en cuestión. La dirigente del PSOE explicó que su partido no se opone a estudiar el aforamiento de los miembros de la Familia Real, en la actualidad carentes de ese estatus, pero no de esta forma. Sugirió que se podría haber hecho mediante una ley orgánica o una proposición de ley, y dentro de un debate más amplio sobre el elevado número de aforados existente en España, cerca de 10.000, de los que más de 7.000 son jueces y fiscales. Rodríguez lamentó que con la fórmula escogida se va a impedir el debate «sosegado y necesario» que el asunto requiere. El criterio expuesto por la portavoz es compartido por los dos principales aspirantes a la secretaría general del PSOE, Eduardo Madina y Pedro Sánchez.

La secretaria general del PP, nada más conocer la opinión del principal partido de la oposición, apeló a su «responsabilidad». Dolores de Cospedal defendió que la fórmula adoptada es «legalmente impecable», además de «acertada» porque acorta los plazos para que el aforamiento sea efectivo en «tiempos sensatos» y no alargarlo «dos o tres meses». Insistió que el fuero especial en ningún caso significa que el exjefe del Estado es «impune o inmune» y recalcó, sobre todo, que el aforamiento afecta a los hechos cometidos a partir de su abdicación, y no a los anteriores. «Cuando algunos hablan de prisas -se quejó- no lo entiendo» porque este es el paso que cierra la sucesión en la Corona.

Los argumentos de Cospedal no surtieron efecto en la oposición,que censuró «la reforma exprés». CiU también afeó al Gobierno las formas y sugirió que se abstendrá; UPyD, según Irene Lozano, rechazó el aforamiento real por ser «un privilegio arcaico que habría que eliminar»; el diputado del PNV, Emilio Olabarria, mostró sus «reservas severas» ante el procedimiento y anunció que no van a aceptar para el exjefe del Estado un fuero «universal»; el diputado de IU Gaspar Llamazares, además de denunciar «un fraude» formal, advirtió que el Ejecutivo pretende mantener la inviolabilidad del rey después de dejar de serlo.