La ambición de Felipe VI: ser referente ético

«Yo me siento orgulloso de los españoles y nada me honraría más que, con mi trabajo y esfuerzo de cada día, los españoles pudieran sentirse orgullosos de su nuevo Rey». Las palabras con las que cerró su primer discurso como jefe del Estado atestiguan la dificultad del momento en el que, tras toda una vida de preparación, Felipe VI toma el relevo al frente de la institución monárquica. No lo tendrá fácil. Si a don Juan Carlos le tocó dar la batalla contra el inmovilismo de los poderes franquistas, el suyo será un combate contra la decepción de los españoles hacia una estructura institucional, Corona incluida, que se ha demostrado torpe a la hora de dar respuesta a sus problemas y en la que los abusos y las corruptelas han campado, o así se percibe, poco menos que a sus anchas.

El nuevo Rey es consciente de que esa es su principal tarea, aunque, como subrayaron ayer mismo tanto en círculos políticos como en su entorno, sus capacidades sean limitadas. «Las Cortes Generales -le trasladó el presidente del Congreso, Jesús Posada, antes de tomarle juramento- tienen puestas grandes esperanzas en vuestra nueva y exigente misión». Y no mentía, pero también hay temor a que las expectativas sean excesivas porque, como Monarca constitucional, apenas tiene una función de arbitraje y moderación de la vida política.

No está en su mano, ciertamente, plantear una propuesta que relaje las tensiones con Cataluña. Y si alguien esperaba un guiño explícito en pro de una reforma constitucional de calado, se equivocó de ventanilla. Pero Felipe VI llega con la voluntad de propiciar cambios. «Una Monarquía renovada para un nuevo tiempo», dijo hasta en dos ocasiones. «Encontrarán en mí a un jefe del Estado leal y dispuesto a escuchar, a comprender, a advertir y a aconsejar; y también a defender siempre los intereses generales», señaló. Es lo máximo que puede hacer y, así dicho no es poco, si los destinatarios de sus palabras toman nota de manera conveniente.

Tarea inacabada

En su alocución, meditada y madurada durante varias semanas -también supervisada, como lo serán todos sus discursos, por el Gobierno- defendió que toca «acrecentar el patrimonio colectivo de libertades y derechos», que «toda obra política es siempre una tarea inacabada». «Los hombres y mujeres de mi generación aspiramos a revitalizar nuestras instituciones, a reafirmar, en nuestras acciones, la primacía de los intereses generales y a fortalecer nuestra cultura democrática», remarcó.

No deja de ser tranquilizador para la Casa del Rey, para el Ejecutivo y para el primer partido de la oposición que, aun así, la contestación en las calles a la sucesión automática de Juan Carlos I haya resultado ser menos secundada de lo que el 2 de junio, nada más conocerse el anuncio de la abdicación, pudo parecer; severos controles policiales al margen. Y, sin embargo, el Monarca no se llama a engaño. Ante una cámara de la que se ausentaron todas las fuerzas republicanas que estos días han reclamado un referéndum sobre la forma de Estado -IU, ERC, Amaiur, BNG, Geroa Bai, Compromís y Nueva Canarias-, defendió las bondades de la institución que encarna. «La independencia de la Corona, su neutralidad política y su vocación integradora ante las diferentes opciones ideológicas le permiten contribuir a la estabilidad de nuestro sistema político, facilitar el equilibrio con los demás órganos constitucionales y territoriales, favorecer el ordenado funcionamiento del Estado y ser cauce para la cohesión entre los españoles», esgrimió. Pero también hizo velada autocrítica.

Honradez y transparencia

Si su hermana, la infanta Cristina, no estuvo presente en su proclamación, y ha desaparecido de su vida, es por ser coprotagonista de un escándalo de corrupción, el 'caso Nóos', que ha contribuido a minar la imagen de la Monarquía, antaño respetada por los españoles. De ahí su mensaje contundente. «Hoy, más que nunca, los ciudadanos demandan, con toda razón, que los principios morales y éticos inspiren (y la ejemplaridad presida) nuestra vida pública. Y el Rey, a la cabeza del Estado, tiene que ser no sólo un referente sino también un servidor de esa justa y legitima exigencia». «La Corona -dijo también- debe observar una conducta íntegra, honesta y transparente, sólo de esa manera se hará acreedora de la autoridad moral necesaria».

Del mismo modo que el 22 de noviembre 1975 todas las miradas estaban puestas en las palabras de Juan Carlos I para conocer sus intenciones sobre un futuro que se sabía complicado, este 19 de junio también se buscaba conocer las prioridades de quien, a sus 46 años, 12 menos que el presidente del Gobierno y 16 más joven que el, por poco tiempo, líder de la oposición, puede empujar, con su mera presencia, a acometer los cambios que de manera quizá imprecisa, pero también contundente, como demostraron las elecciones europeas del 25 de mayo, demanda la sociedad.

Felipe VI, que no olvidó rendir homenaje a su padre por lo que, dijo, ha sido un «reinado excepcional» que deja un «legado político extraordinario», reafirmó su «fe» en la unidad de España, mientras el presidente de la Generalitat catalana, Artur Mas, y el lehendakari, Iñigo Urkullu, lo observaban desde la tribuna con el resto de presidentes autonómicos. «Unidad -matizó- que no es uniformidad». «En esta España, unida y diversa -insistió- cabemos todos; caben todos los sentimientos y sensibilidades, las distintas formas de sentirse español. Porque los sentimientos, más aún en los tiempos de la construcción europea, no deben nunca enfrentar, dividir o excluir, sino comprender y respetar, convivir y compartir».

Pero además del territorial, Felipe VI también mencionó otros problemas. Se dirigió a quienes más padecen la crisis económica «hasta verse heridos en su dignidad como personas». «Tenemos con ellos el deber moral de trabajar para revertir esta situación y el deber ciudadano de ofrecer protección a las personas y a las familias más vulnerables», defendió.